Con posibles intervenciones en casos de reformas que afrontan – o seguramente afrontarán- planteos de inconstitucionalidad, el presidente Javier Milei hizo una movida fuerte al proponer hoy al juez Ariel Lijo en reemplazo de la vacante que creó la salida de Helena Higton de Nolasco del tribunal y adelantarán que hará lo mismo con Manuel García-Mansilla en diciembre cuando Juan Carlos Maqueda cumpla los 75 años de rigor para retirarse. Pero ¿quiénes son Lijo y García Mansilla y qué podría pasar con el juego de poder interno en la Corte su llegan a conseguir el respaldo parlamentario para asumir?
Lijo, titular del juzgado nacional en lo Criminal Correccional N°4 de Capital Federal, es un peso pesado entre los magistrados de Comodoro Py. Impulsado por Néstor Kirchner en un lote que también integraron Montenegro, Rafecas y Ercolini- llegó al cargo que tiene actualmente en 2004. Enseguida, le tocó actuar en una causa que quemaba: la investigación de la actuación judicial previa en la causa por la voladura de la AMIA. Allí procesó al exjuez federal Juan José Galeano, a los exfiscales Eamon Mullen y Rubén Barbaccia y al expresidente Carlos Menem.
Entre los expedientes importantes que pasaron por sus manos figura la elevación a juicio de la investigación contra Amado Boudou en el caso de la adquisición fraudulenta de la empresa impresora de billetes Ciccone Calcográfica, investigación en la que fue el primer juez en procesar a un vicepresidente en funciones, al que acusó de cohecho pasivo en concurso ideal con negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Al revés que Milei, no tiene posiciones negacionistas con el genocidio cometido por la última dictadura.
Con el gobierno de Mauricio Macri tuvo idas y vueltas: no se esmeró en hacer prosperar una causa en la que imputaron al entonces presidente por incluir vía decreto en la ley de blanqueo a familiares y desestimó una denuncia contra otro DNU que permitía derribar aviones. Son antecedentes auspiciosos para el actual gobierno, en momento en que se debate hasta qué punto el presidente Javier Milei puede gobernar por decreto. Lijo de todas formas fue denunciado ante el Consejo dela Magistratura por el macrismo: lo acusaron de demorar causas y buscaron poner sobre la lupa la relación con su hermano Alfredo, al que acusaban de operador judicial.
Un conservador clásico
En tanto, García-Masilla, el elegido para reemplazar a Maqueda cuando cumpla 75 años, el 29 de diciembre, tiene un perfil diferente: director de la carrera de Derecho en la Universidad Austral, una casa de altos estudios vinculada al Opus Dei, es un conservador más dedicado hasta ahora al mundo académico y empresarial.
Uno de las posiciones por las que es conocido es su rechazo a la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que dejó sentada en una recordada exposición en 2018, durante el debate de la norma en el congreso. “El derecho a la vida desde la concepción está reconocido en normas de máxima jerarquía en nuestro país, el aborto, en cambio, es un delito que tiene algunas causales de no punibilidad previstas en el Código Penal”, dijo en ese momento. García Mansilla ha puesto en entredicho, incluso, la justificación del aborto en casos de la antigua legislación, cuando eran declarados no punibles si se hacían para interrumpir un embarazo producto de una violación.
Un aspecto central es el respaldo público que este jurista dio a la posibilidad de una dolarización en Argentina: es “totalmente compatible” con la Constitución dijo, una posición inversa a la del actual ministro Horacio Rosatti.
García-Mansilla, de 53 años, comenzó a ejercer la abogacía en 1996, luego de graduarse en la Universidad Austral. Un año después, en 1997, se integró al estudio Marval, O’Farrell y Mairal –ligado a las grandes multinacionales que operan en el país-, donde permaneció hasta 2005 en el departamento de derecho público.
Desde 2010 trabaja en el estudio jurídico de Horacio Liendo (h), mano derecha del exministro de Economía Domingo Cavallo durante la convertibilidad e hijo del titular del Ministerio de Trabajo (1976-1979) y del Ministerio del Interior (1981) durante la última dictadura cívico militar.
En su perfil de Linkedin se presenta como “Especialista en Derecho Constitucional, Oil & Gas y Derecho Empresario”. Participó, entre otros casos, en la negociación y obtención de la extensión por 10 años de una concesión de explotación de hidrocarburos y una concesión de explotación no convencional de hidrocarburos por 35 años en la provincia de Salta. (DIB) AL
