VACÍO INSTITUCIONAL QUE ERA EVITABLE. Bolívar tres días sin intendente

Bolívar llega al 10 de diciembre con una singularidad institucional: el distrito pasará tres días sin intendente en funciones. No se trata de una abstracción jurídica ni un tecnicismo burocrático. Es la consecuencia directa de un calendario de actos públicos que nadie ajustó y de una omisión política que ya genera preocupación entre dirigentes, empleados municipales y especialistas en derecho público.

El escenario es simple de describir y complejo de justificar
El 8 de diciembre, Marcos Pisano asumió como senador provincial en la Legislatura bonaerense. Desde ese momento, se configuró una situación de incompatibilidad de funciones, porque la propia Ley Orgánica Municipal, en su Artículo 7°, inciso 1, establece que: "Las funciones de Intendente y Concejal son incompatibles con las de Gobernador, Vicegobernador, Ministros y Miembros de los Poderes Legislativo o Judicial, Nacionales o provinciales."

Por lo tanto, un intendente no puede ejercer simultáneamente un cargo legislativo provincial, lo que implica que Pisano no podía seguir desempeñando la función ejecutiva municipal desde el momento de su asunción como senador.

Su renuncia fue aceptada por el Concejo Deliberante el 12 de noviembre mediante la Ordenanza 3136/2025, pero con un detalle que hoy adquiere centralidad: la renuncia entra en vigencia el 10 de diciembre.

Ese mismo día, el primer concejal de la lista que llevó a Pisano a la reelección en 2023, Eduardo "Bali" Bucca, asumiría la titularidad del Departamento Ejecutivo, tal como establece el artículo 123 de la Ley Orgánica Municipal. Pero el acto de asunción está convocado el miércoles 10, después de la Sesión Preparatoria del Honorable Concejo Deliberante, que está anunciada para las 19 horas.

Entre la salida efectiva de Pisano y la jura de Bucca, se abre un vacío de poder institucional:
- No hay intendente que firme.
- No hay autoridad ejecutiva que decida.
- No hay jefe político del municipio durante varias horas de dos días hábiles.

La ley es clara
El marco legal es contundente. El artículo 108 de la Ley Orgánica de las Municipalidades establece: "El Intendente ejerce la administración del municipio. Es el jefe del Departamento Ejecutivo y responsable de la ejecución de las políticas, actos y decisiones."

La norma no prevé delegaciones automáticas ni suplantaciones tácitas: si no hay intendente en funciones, no hay Departamento Ejecutivo. Esto implica consecuencias prácticas: resoluciones detenidas, expedientes pausados y falta de firma para actos administrativos urgentes.

El Concejo Deliberante no convocó a sesión por licencia
Para evitar este escenario, el Honorable Concejo Deliberante contaba con un mecanismo institucional. El intendente debía pedir licencia especial para cubrir el período de transición. La licencia debía ser tratada y aprobada en una sesión extraordinaria. Ninguna de las dos cosas ocurrió:

No hubo pedido de licencia. No hubo convocatoria. No hubo sesión. El resultado es tres días sin intendente.

Un problema político, no solo administrativo
El punto no es solo técnico. Es político.

Un municipio sin jefe comunal, aunque sea por unas horas, transmite un mensaje: que el sistema no se anticipó, que la responsabilidad institucional falló y que nadie quiso asumir el costo de ordenar los tiempos.

Bucca terminó su mandato como senador provincial el 8 de diciembre. Está plenamente habilitado para asumir, pero lo hará recién cuando el Concejo Deliberante jure sus autoridades y se realice el acto formal de traspaso.

Hasta ese momento, la pregunta no tiene respuesta única: ¿Quién gobierna Bolívar hasta después de las 19 horas del 10 de diciembre? La única certeza es que no será ni Pisano ni Bucca.

La política local preferirá relativizar el hecho. Dirá que la administración seguirá funcionando, que nada grave ocurrirá. Tal vez sea así. Pero los sistemas institucionales no se construyen sobre el azar, sino sobre previsión, reglas y responsabilidades.

Lo ocurrido deja una enseñanza
Cuando los tiempos de la política no reconocen los tiempos de la ley, el que queda en el medio es el Estado. Y cuando el Estado queda en el medio, el costo siempre lo pagan los mismos: los vecinos.