Está acusado de acoso sexual y violencia laboral por la Asociación Judicial Bonaerense. El avance es un antecedente sin precedentes en el ámbito de la justicia.
Casi tres años después de que se presentara una denuncia contra el suspendido juez de Familia de Olavarría Claudio García, este miércoles dio inicio el debate oral del proceso de enjuiciamiento por acoso sexual y violencia laboral, situaciones que tuvieron como víctima a una empleada de dicho juzgado. Todo tiene lugar en el Edificio Anexo del Senado bonaerense en la ciudad de La Plata. Desde un principio la mujer estuvo acompañada y asesorada por la Asociación Judicial Bonaerense (AJB).
El juez García fue denunciado por la AJB ante la Suprema Corte de Justicia y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados luego de que una trabajadora del Juzgado de Familia de la ciudad de Olavarría fuera víctima durante varios meses de propuestas sexuales no consentidas y maltrato laboral.
A través de un comunicado, la AJB difundió que, luego de radicarse la denuncia, a mediados de 2017, “se realizó formalmente el reclamo de otorgamiento de licencia compulsiva a la Suprema Corte mientras durase el proceso de enjuiciamiento, pedido que fue desestimado por considerar que los elementos de prueba eran insuficientes. A ello debe agregarse que el Tribunal, durante la Presidencia de Hilda Kogan, no sólo no apartó al violento de su cargo, sino que dio un paso más en la vulneración de los derechos de la trabajadora denunciante disponiendo su traslado compulsivo a otra dependencia al poco tiempo de haber efectuado la denuncia contra el magistrado”.
La AJB insistió en la necesidad de que García fuera suspendido a fines del mismo año, y finalmente en febrero de 2018 el Jurado de Enjuiciamiento resolvió que fuera apartado de manera preventiva del cargo, luego de que se impulsara una denuncia desde la Procuración General por mal desempeño del magistrado en el ejercicio de sus funciones.
Desde ese entonces al frente del único Juzgado de Familia en funcionamiento de la ciudad está el juez Daniel Morbiducci. En agosto de ese año la denunciante pudo volver a trabajar en la dependencia ubicada sobre General Paz entre Vicente López y Alsina.
