EL JUEVES. Presentaron el Informe anual 2025, el sistema de la crueldad XIX

Ocurrió en la Biblioteca 'Alcira Cabrera'. El presentador y moderador del encuentro fue el sociólogo bolivarense Ariel Lede, integrante de la CPM. Auspició el gremio SUTEBA.

"Más patrulleros y policías, no para prevenir el delito sino para regularlo".

El trabajo, que quedará como insumo en municipios bonaerenses, arroja datos escalofriantes sobre el crecimiento, conforme pasan los años, de la población carcelaria y de las condiciones cada vez más inhumanas en que viven las personas alojadas en las unidades penitenciarias bonaerenses. El resultado de "una política criminal que desde hace más de veinte años es la misma: perseguir y encerrar a los sectores más vulnerados de la sociedad, sobre todo, a jóvenes pobres", como se da a conocer en un video emitido durante la jornada. "El gobierno de los pobres se ejecuta a través de la cadena punitiva: policía, justicia penal y Servicio Penitenciario. Las políticas de seguridad se basan en a saturación policial de los territorios: más patrulleros y más policías pero no para prevenir el delito, sino para regularlo", enfatiza el informe.

"El 86 por ciento de las aprehensiones policiales no se vincula con la comisión de delitos, sino con el control y gestión de poblaciones excluidas y estigmatizadas", es otra sentencia contenida en el trabajo de investigación.

"Las personas detenidas viven en condiciones inhumanas y degradantes".

"Esta política criminal tiene consecuencias gravísimas, porque genera las condiciones para la vulneración sistemática de los derechos humanos. Esta cantidad de aprehensiones y detenciones colapsan el sistema de encierro, ya que se producen más ingresos que egresos", avanza el informe. "Después de 2020, la sobrepoblación en comisarias tuvo una disminución significativa, que llegó en diciembre del 2024 al 80 por ciento, sin embargo las condiciones de alojamiento allí siguen siendo críticas".

Pero esta "es sólo una parte del problema", dado que mientras en comisarías la sobrepoblación bajó, "en el sistema penitenciario bonaerense la sobrepoblación volvió a crecer", se denuncia. Esa sobrepoblación "produce hacinamiento", lo que genera "condiciones de vida inhumanas. Las personas detenidas no tienen acceso a la salud, no pueden alimentarse de manera adecuada y viven en condiciones inhumanas y degradantes", enumera el volumen.

En este contexto, "la actual gestión de gobierno inició un programa de construcción de cárceles y alcaidías como forma de resolver estos problemas. Entre 2020 y 2024 se construyeron 6 mil nuevas plazas, pero el sistema creció en casi 13 mil nuevos detenidos", se puntualiza.

La tortura, "parte integral" de un programa

En un sistema de encierro marcado por estas características, "la tortura sigue siendo una práctica sistemática. En 2023, la CPM relevó más de 83671 hechos de vulneraciones a derechos humanos. La mayoría de estos hechos son tortura, y un 19 por ciento constituyen negación de acceso a la justicia", avanza el trabajo, al tiempo que remarca que la tortura "no es sólo física", toda vez que también lo constituyen "la falta de acceso a la salud, las malas condiciones de detención, el aislamiento, el hambre, los traslados constantes y gravosos, las requisas violentas y vejatorias. Las torturas no son excesos y hechos excepcionales", sino que "con distintas intensidades y modalidades ocurren todo el tiempo en todos los lugares de detención. La tortura es parte integral de un programa que recurre a la violencia y la precariedad para gobernar las poblaciones que se persigue y encarcela", subraya la CPM.

En otro párrafo, el volumen alerta sobre que "todo esto también es posible porque es avalado y promovido por la Justicia, que convalida automáticamente la actuación policial y penitenciaria. Nueve de cada diez detenciones policiales son sin orden previa dictada por un juez competente, como dispone la Constitución Nacional. La policía detiene y la Justicia convalida automáticamente. La prisión preventiva y el juicio abreviado son las herramientas jurídicas principales en el sostenimiento de la política de encierro en la provincia. El uso de la prisión preventiva sigue siendo generalizado, y se emplea de manera diferencial sobre la población femenina y las personas trans. A diciembre del 2024, la mitad de las personas alojadas en el Servicio Penitenciario Bonaerense estaban detenidas con prisión preventiva", se da a conocer en el informe.

"También se convirtió en regla el juicio abreviado", algo que "afecta las garantías del debido proceso. Hoy, nueve de cada diez causas se resuelven mediante el juicio abreviado", que es "un acuerdo extorsivo entre los fiscales y los defensores que se impone a la persona detenida", alerta en otro segmento el trabajo de la CPM.