20 de octubre de 2025

AGRO

AGRO. La Legislatura provincial escuchó reclamos de productores afectados por las inundaciones

Exigen alivio fiscal, reactivación de obras hídricas y una mesa de diálogo interjurisdiccional para enfrentar la crisis que afecta a familias, escuelas y economías locales. La abogada local Alejandra Córdoba, quien patrocina judicialmente a un numeroso grupo de productores casarenses y también de Bolívar, fue una de las ponentes en la reunión celebrada.

La emergencia hídrica que golpea al oeste de la provincia de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo, cuando un grupo de productores rurales expuso en la Legislatura provincial la crítica situación que atraviesan sus campos y comunidades, arrasadas por las inundaciones desde marzo. La reunión tuvo lugar en el Salón Antonio Cafiero del Senado bonaerense y contó con la participación de legisladores de diferentes bloques políticos.

Durante el encuentro, los productores no solo denunciaron el impacto productivo y social de las anegaciones -con caminos intransitables, escuelas rurales sin docentes y tambos paralizados- sino que también presentaron una batería de propuestas para paliar la crisis y avanzar en soluciones de fondo. Entre los reclamos, destacaron la creación de una "mesa de trabajo interinstitucional" que integre a representantes de Nación, Provincia, municipios, entidades agropecuarias y a los propios productores.


"Nos organizamos por fuera de las entidades de la zona para canalizar estos reclamos con propuestas concretas, no solo con quejas", explicó Carolina Donegani, una de las productoras que participó de la reunión. "Creemos que el poder legislativo tiene un rol clave como contralor del Ejecutivo y como generador de herramientas para enfrentar esta emergencia", agregó.

El petitorio entregado a los legisladores incluye pedidos de alivio impositivo, asistencia económica directa, y la reactivación de las obras pendientes del Plan Maestro del Río Salado, una promesa postergada durante más de 30 años. En ese sentido, los productores reclamaron la continuidad y ampliación de las tareas de dragado y canalización del río, cuya primera etapa -de 33 kilómetros- fue anunciada en septiembre por el Gobierno nacional, pero aún genera dudas sobre su ejecución efectiva.

Además, los asistentes exigieron un mayor control sobre los canales ilegales que modifican el escurrimiento natural del agua y profundizan las inundaciones. "La Dirección Provincial de Hidráulica tiene que actuar con urgencia. Hoy la situación es descontrolada", afirmaron.

La política tomó nota

La reunión contó con la presencia de legisladores como Sabrina Sabat (Unión y Libertad), Alejandro Cellillo (UCR - Somos Buenos Aires), Luciano Bugallo (Coalición Cívica), Silvina Vaccarezza, Nerina Neumann (UCR - Cambio Federal) y Jorge Schiavone (PRO), entre otros.

Varios de ellos coincidieron en la necesidad de una respuesta coordinada entre los distintos niveles del Estado. "Lo que no tienen los productores hoy es tiempo", advirtió la diputada Neumann, quien propuso trabajar en medidas de corto plazo mientras se avanza en soluciones estructurales. Entre esas acciones inmediatas, mencionó exenciones fiscales, reducción de tarifas eléctricas y reparación urgente de caminos rurales.

Neumann también reclamó la activación de los comités de Cuenca, inactivos en muchas zonas afectadas. "En mi región esos espacios funcionan todo el año. Acá no se convocan, y esa falta de diálogo impide anticiparse a crisis como esta", señaló.

Por su parte, Luciano Bugallo apuntó directamente al desorden en el manejo del agua en la provincia. "El verdadero cuello de botella es la ausencia de un plan integral. Sin coordinación entre municipios, Hidráulica y la Provincia, cada distrito actúa por su cuenta y las obras no tienen impacto real", dijo. El legislador denunció que muchas canalizaciones quedaron inconclusas y que los campos siguen bajo el agua semanas después del último gran temporal.

Rechazo a la "sobretasa vial" en plena emergencia

Uno de los puntos más polémicos del reclamo fue el rechazo a la sobretasa vial que analiza el municipio de Carlos Casares. Para los productores, se trata de una medida "inoportuna" que agrava aún más el escenario. "No solo estamos aislados, con caminos destruidos y sin poder sacar la producción, sino que ahora quieren cobrarnos más impuestos. Es un despropósito", sostuvo Donegani.

En ese distrito, ubicado en el extremo suroeste de la provincia, el agua afecta vastas extensiones rurales desde marzo. "Ya iniciamos acciones administrativas y judiciales, incluso penales, contra funcionarios de la Cuenca del Salado y contra el propio intendente de Carlos Casares", advirtió la productora.

Mientras tanto, el drama sigue latente en los campos anegados y las familias rurales que, seis meses después del inicio del problema, siguen esperando respuestas concretas. Los legisladores se comprometieron a canalizar los pedidos dentro de sus bloques y avanzar con iniciativas en las próximas semanas.

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