El juez Giménez Uriburu firmó una resolución en la que apuntó a violaciones de las condiciones de la domiciliaria. Fue por una actividad en San José 1111.
La medida alcanza a Renzo Nahuel y Matías Airala, imputados por desobediencia, amenazas, lesiones, daño y resistencia a la autoridad tras los hechos ocurridos el 11 de febrero. Uno de ellos enfrenta además cargos más graves por agresiones a efectivos policiales y daño agravado.
El tribunal no quiere que el departamento de la expresidenta se convierta en un bunker. La decisión podría conocerse antes del miércoles, día de la marcha.
El abogado defensor Carlos Beraldi denunció irregularidades y confirmó el pedido de prisión domiciliaria para la expresidenta.
La mujer tenía una pulsera electrónica y la policía la encontró haciendo dedo en la Ruta 65.