El proyecto obtuvo 142 votos a favor, gracias al respaldo mayoritario de los bloques dialoguistas, 106 en contra y cinco abstenciones.
El proyecto de Ley Bases consiguió la aprobación en general en la Cámara de Diputados con 142 votos afirmativos, con el respaldo mayoritario de los bloques dialoguistas (PRO, UCR, Hacemos e Innovación Federal), el rechazo de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda y la abstención de algunos radicales disidentes.
Luego, comenzó la votación en particular y el oficialismo consiguió el aval de la Cámara de Diputados para privatizar nueve empresas del Estado, así como también el visto bueno al artículo 3 que permite la modificación de organismos públicos y la reforma laboral.
Según la iniciativa, las empresas Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión Argentina e Intercargo podrán ser privatizadas de manera total. En tanto, las firmas Agua Y Saneamientos Argentinos S.A, Correo Argentino, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria S.E (Sofse) y Corredores Viales S.A. podrán ser privatizadas parcialmente.
Asimismo, con 135 votos positivos frente a 116 negativos y 2 abstenciones, impuso su criterio y logró mantener incólume el artículo 3 del proyecto de Ley Bases, que permite la “reorganización, modificación o transformación de su estructura jurídica” de organismos de la administración central o descentralizada, incluso su disolución total o parcial”.
En el comienzo de la sesión ayer, una de las principales discusiones se dio cuando el oficialismo, para no repetir los errores del debate de febrero, logró que el proyecto sea votado por capítulos enteros, sin entrar en el debate artículo por artículo.
Además de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, votaron en contra los socialistas y la cordobesa Natalia de la Sota. Mientras que los radicales disidentes Facundo Manes, Fernando Carbajal, Marcela Coli y Pablo Juliano se abstuvieron, al igual que Mónica Frade de la Coalición Cívica.
El artículo 3 fue uno de los más cuestionados, ya que faculta al Poder Ejecutivo a “modificar o eliminar las competencias y funciones” de los organismos públicos que considere innecesarias; también podría fusionarlos, modificar sus estructuras jurídicas o la cantidad de empleados.
Si bien en el dictamen se incluyó a pedido de la UCR un listado de organismos que quedarían exentos, como el Conicet, el Incucai, el INTA o el Instituto Malbrán, la redacción del texto generó dudas y rechazos, pero finalmente fue aprobado.
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