La Cámara Comercial falló a favor del Grupo Macri tras las presentaciones de un recurso extraordinario que interpuso la Procuración del Tesoro de la Nación en el que solicitaba la suspensión del trámite del proceso de quiebra de Correo Argentino. El fallo comercial suspendió el proceso hasta tanto la Corte defina si el Tribunal Superior de Justicia porteño debe tomar intervención en el caso, a pedir de SOCMA.
Asimismo, mediante una votación dividida, la de las camaristas Matilde Ballerini y María Uzal, contra uno de Guadalupe Vásquez, fue desestimado el recurso extraordinario que presentó la fiscal Gabriela Boquin contra la suspensión del proceso exigiendo la “nulidad” de la sentencia previa por “impedir la intervención del Ministerio Público Fiscal” y denunció “gravedad institucional”, “denegación de justicia” y “desnaturalización de la garantía de plazo razonable”.
La deuda que Macri mantiene con el Estado por el Correo lleva más de 20 años, precisamente desde septiembre de 2001, momento en el que la empresa Socma entró en concurso de acreedores, es decir, cuando una empresa no puede cumplir con todos los pagos que adeuda. En ese entonces el valor total de la deuda ascendía a 296 millones de dólares.
En un dictamen del 2016, la fiscala Gabriela Boquin sostuvo que la empresa “se benefició con un estado de ‘eterno’ concurso y logró suspender por más de 15 años el pago a sus acreedores”. Finalmente, en julio de 2021 se dictó la quiebra del Correo tras dar por fracasado el proceso de salvataje, al entender que la oferta realizada por la compañía postal “solo representaba el 100 por ciento de la deuda a los ojos de la propia empresa”, pero “no abarcaba el valor actual de la misma”.
Resta definir si la Corte Suprema de la Nación valide o no al Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ) como una instancia habilitada para revisar el caso, cabe recordar que el TSJ intervino a pedido del Grupo Macri para apartar a la fiscala Boquin y a la jueza Marta Cirulli, quien dictó la quiebra de la empresa el año pasado.
La familia del expresidente y el oficialismo porteño veía en CABA un tribunal aliado, en el cual cuentas con tres jueces aliados a la familia Macri: Inés Weinberg de Roca fue la fallida candidata de Mauricio Macri a la Procuración General; Santiago Otamendi es el ex viceministro de Justicia de Germán Garavano, y Vivian de Langhea quien el expresidente le encomendó en sus tiempos como jefe del gobierno porteño la formación de los policías en el Instituto Superior de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires.
