Se realizó el miércoles en el Centro Cívico de Bolívar la marcha plurinacional del barbijo, al conmemorarse esa fecha el Día Mundial del Medioambiente (ver diario de ayer). La movida bolivarense fue organizada por el colectivo “Tierra Viva” con la adhesión de Ni Una Menos y SUTEBA. Fue la representación local de marchas que se desplegaron en todo el país, con epicentro en la ciudad de Rosario.

 

Una jornada original en cuanto al método, marchar con barbijos, caracterizada a su vez por un elemento bien representativo de lo que se está denunciando.

Mónica González, de “Tierra Viva”: -Nos hemos sumado desde lo local a lo global, en este caso a lo nacional, aunque también es internacional porque hemos estado viendo publicaciones de otros lugares del mundo donde se han sumado a las marchas con barbijos como el elemento simbólico de protección de la salud, en este caso relacionada con el medioambiente. Nosotros aquí hacemos hincapié en las problemáticas generales medioambientales, pero específicamente en nuestro territorio en lo que tiene que ver con la contaminación de agua y suelo por los agrotóxicos, por el tipo de geografía y de producción que hay en nuestra zona.

 

¿Cuál fue la respuesta?

-No la que hubiésemos querido en cantidad de gente, pero nos sumamos con el colectivo Ni Una Menos y con SUTEBA, y a través del arte también se incorporó la banda de rock ADN. Sabemos que este tipo de eventos no convoca una gran cantidad de gente, pero también que aunque sea mínimo el ruido que uno hace, siempre algún eco tiene en el que pasa, en el que está por aquí, en aquel al que le entregamos un folleto que contiene un resumen de la ordenanza de regulación del uso de agroquímicos en Bolívar, que está sin reglamentar, así que nos damos por satisfechos, de cualquier manera.

 

Una mirada simplista puede ver que concurren siempre los mismos, pero si se mira mejor, a cada marcha asiste alguien que no había ido, y esa tal vez sea la ganancia de una medida así. Está claro que el camino es largo, algo que sólo saben quienes han comenzado a caminar.

-Claro, esa gente que viene por primera vez al menos se retira con una pregunta. Quizá uno en un evento como este comunica algunas ideas, tira algunas puntas de contenido, pero lo importante es que queden sobre todo preguntas, para que aquel que tenga interés pueda seguir indagando, se acerque al colectivo o simplemente busque información por donde quiera.

 

¿Dialogaron con los concurrentes, qué les comentaron?

-La gente estuvo más bien como espectadora. Sí dialogamos con aquellas personas a las que les entregamos el volante, cosa que se hizo en simultáneo con la actuación de la banda, por lo que no hubo mucho intercambio. 

 

Quizá muchos continúan dejando la cuestión para más adelante, pero en realidad ustedes vienen alertando que se trata de un asunto urgente: no sólo hay gente que ahora mismo está enfermándose por la contaminación medioambiental, sino muchos que en el mundo están muriendo.

-Tal cual. Ya hay una cantidad de evidencia científica acumulada que demuestra la afectación de la salud por parte de los agrotóxicos. Pero también va a venir por el agua, porque muchas veces el recurso agua tampoco es apto para el consumo humano. Si a eso le sumamos el aire que respiramos y demás, vemos que estamos realmente complicados.

Chino Castro

 

La necesidad de que la ordenanza salga del cajón

La ordenanza vigente en Bolívar que regula la utilización de agrotóxicos, cuyo contenido ustedes avalan y respaldaron cuando fue tratada en el HCD, no está siendo aplicada. ¿Por qué y qué piensan o pueden hacer como colectivo para revertirlo?

-Se está aplicando mínimamente a pesar de que está vigente, ya que el hecho de que no esté reglamentada no quiere decir que no posea vigencia. La reglamentación es la que provee todo ese articulado que tiene que ver con la efectiva implementación. Por ejemplo ante una transgresión de la ordenanza, hay determinadas sanciones previstas, que son las que de algún modo empezarían a educar a aquellos que infrinjan la norma. Esto empezaría a ordenar lo que tiene que ver con el uso en zonas no prohibidas, con el traslado de los depósitos de agroquímicos a zonas que no impliquen peligro para la población, toda una serie de puntos contenidos en el articulado de la ordenanza, que hoy están en ‘stand by’.

Obviamente, detrás de esa no puesta en vigor juegan intereses económicos y actores locales con nombres y apellidos…

-Actores locales que tienen su correlato a nivel nacional y también a nivel internacional. Ciertas organizaciones llamadas del campo, o de lo agrorural, que nosotros decimos que son del agronegocio, porque creemos que hay otro campo, el de los pequeños y medianos agricultores, que son los verdaderos productores de alimentos. Esas organizaciones locales a las que aludo tienen su representación y su correlato a otros niveles, y están en consonancia con los discursos de las multinacionales: Monsanto, Bayer, que son las que proveen el famoso paquete tecnológico de la semilla transgénica y el agrotóxico para cultivarla. Entonces sabemos que un discurso como el de la agroecología juega en contra de esos intereses, que por supuesto van a ejercer toda la presión posible sobre el poder político para que no haya en Bolívar una determinada cantidad de hectáreas liberadas de ese tipo de producción.

Bolívar dispone de una ordenanza, algo que otros pueblos no. En eso lleva una ventaja, que después se licúa ya que termina ocurriendo lo que en distritos que carecen de esa norma: no se aplica ninguna medida…

-Pero tener una ordenanza es una ventaja, porque desde ese lugar uno puede peticionar y/o presionar a las autoridades correspondientes para su aplicación. Llegando inclusive a poder peticionar ante la Justicia por un incumplimiento de una reglamentación. En algunos distritos de la provincia hay una ordenanza similar a la de Bolívar, y también una serie de jurisprudencia acumulada de particulares afectados por fumigaciones que llevan la situación a la Justicia. Hasta ahora, la mayoría de los fallos han salido favorables para los demandantes.

¿Y en esos lugares se ha empezado a aplicar la norma a partir de la intervención de la Justicia?

-En muchos casos sí. En Pergamino hay un ejemplo muy claro: se detectó que el agua de red estaba totalmente contaminada con todo tipo de agrotóxicos, y la Justicia obliga al municipio a entregar a la población bidones de agua potable.

¿Están analizando acudir a la vía judicial?

-No sería la primera vía. Todavía estamos apostando a la posibilidad de hacer otro tipo de acciones. En este caso, es el Ejecutivo, concretamente, el que tiene que reglamentar. Por eso apostamos a acciones que lleven al intendente a tomar la decisión y a tener la voluntad política de la reglamentación. Y por supuesto que no queremos que la necesidad de la ordenanza sea un tema sólo traccionado por el colectivo, sino que la ciudadanía se apropie también de su importancia y colabore con demandarla. Pero por supuesto la vía judicial no está descartada si vemos que el avance es lento o casi nulo como en este momento.