A fines de agosto tomaron estado público una serie de hechos relacionados con faena clandestina de animales y robo bajo la modalidad de ‘cuatrerismo’ en parte de la zona rural del partido de Bolívar, por los que resultaron damnificados distintos productores agropecuarios.
A raíz de los mismos, personal policial implementó en distintos sectores rurales, estrategias y operativos de control a la vez que en forma conjunta con el área de Calidad de Alimentos municipal se realizaron inspecciones en comercios de venta de carne y su derivados, que arrojaron resultados positivos y derivaron en que se labraran infracciones a leyes provinciales y ordenanzas municipales. Al respecto hablamos con el titular del Juzgado de Faltas municipal, Dr. Franco Canepare.
“Dentro de las competencias que tiene el Juzgado de Faltas, además de la materia de seguridad vial que siempre es una de las más importantes, se toma conocimiento de todas aquellas contravenciones que se vinculan con el control y la labor del área de Bromatología, así como también respecto a edificación, defensa del consumidor, etc. Puntualmente, yendo al control bromatológico, en los últimos días se han estado haciendo procedimientos de control más específicos y puntualizados, en forma conjunta con el Comando de Patrulla Rural, el cual cuenta con la asistencia de la Dirección de Calidad de Alimentos y Zoonosis municipal. Eso controles se han practicado en comercios, en aquellos que tiene habilitados la comercialización de productos cárnicos, ya sean carnicerías, pollerías, almacenes o minimercados que cuentan con esa habilitación, o que no cuentan con ella y se han detectado la venta ya sea de productos elaborados o de carne fresca, en distintas cantidades y en distintos cortes y formas”, comenzó por puntualizar.
“Estos procedimientos han resultado positivos porque se han detectado situaciones irregulares en cuanto a la comercialización de la carne. En esto el Código Alimentario Argentino estable ce claramente que la comercialización de carne fresca o elaborada tiene que ser bajo ciertas reglamentaciones, entre las que se exige al titular del comercio contar con la documentación respaldatoria de la adquisición de esa carne, la factura de compra, y además la carne debe estar sellada por la autoridad sanitaria. Es decir, únicamente se puede adquirir carne a frigoríficos habilitados. Por lo tanto, la comercialización de productos cárnicos que no provenga de frigoríficos está prohibida, y la ley presume que ‘proviene de un sacrificio clandestino’, por tal motivo está sujeta a decomiso y genera sanciones a los titulares de los comercios que hayan infringido la misma”, explicó el magistrado.
“Estos procedimientos se han intensificado en los últimos días a partir de los hechos que han sido denunciados por vecinos de la ciudad, delitos de abigeato que se están investigando por parte de la Fiscalía local. En tanto nosotros integramos una mesa intersectorial junto a Fiscalía, las distintas policías, el Juzgado, hemos consensuado ciertas pautas de trabajo para contribuir y colaborar, cada uno desde su lugar, en la investigación y persecución de este tipo de delitos”, destacó Canepare.
“En estos procedimientos también se realizan controles a vehículos, que circulan en la zona rural, autos que si están en infracción las causas vienen al Juzgado de Faltas. Estamos buscando atacar desde todos los lugares posibles a estos delitos para que no se produzcan, y desincentivar de alguna manera a los comercios que se dedican a la venta de productos cárnicos a que adquieran carne de origen dudoso o ilícito”, agregó.
En este tipo de casos tenemos dos aspectos importantes a tener en cuenta: “por un lado, el delito en sí que implica el abigeato, y por otro lado, el control sanitario. Se está comercializando carne que puede desconocerse si tiene la cadena de frío correspondiente, si los animales se encontraban sanitariamente aptos para ser sometidos a faena y esa carne destinada para el consumo humano”.
“Por eso es que no tenemos tolerancia con los infractores. Porque, ante todo, se busca asegurar y resguardar la calidad de los productos que van destinados al consumidor. Este tipo de infracciones, además, están sancionadas por el Código Alimentario no sólo con multas sino con decomisos y suspensiones de las habilitaciones a los comercios así como con la clausura”, puntualizó el juez de Faltas.
“Entendemos que este trabajo debe sostenerse. Es importante el trabajo articulado entre los distintos organismos del Estado, porque demuestra que se puede hacer bien y con resultados positivos. Y es importante cerrar el eslabón de la sanción para que se demuestre que detectada la infracción, debe cumplirse con la ‘pena’ correspondiente al caso”, concluyó. V.G.
