Fue especial la conmemoración del Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, ya que este 24 de marzo no hubomarchas ni concentraciones públicas a raíz de la cuarentena contra la pandemia del coronavirus, pero a cambio los organismos de derechos humanos nos invitaron a todos los argentinos a ejercitar la memoria en casa sobre lo que fue la última dictadura y la lucha y los sueños de los militantes sociales que pugnaban por un mundo mejor.
Desde este diario convocamos a algunas figuras del ámbito local para pedirles una reflexión acerca de qué es el 24 de Marzo hoy. Algunos testimonios ya fueron publicados, a continuación ven la luz dos más:
Muches especialistas sobre el tema han hablado de la importancia de recordar el genocidio perpetrado en nuestro país entre 1976 y 1983 y el valor de tomar al 24 de marzo como Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. No redundaré sobre el tema. Pero, y aquí aparece un pero, a partir de allí han brotado (in) ciertas “supersticiones” manipuladas con malicia que me interesa impugnar.
1) Cuando el expresidente Kirchner dio la orden de bajar los cuadros de los represores algunes dijeron que era un acting: como si esa acción estuviera desvinculada de otras: a) el pedido de perdón de parte del Estadopor la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia las atrocidades de la dictadura. (Es menester aclarar que luego se disculpó con Raúl Alfonsín por haber omitido mencionar el juicio a los 9 comandantes durante su gobierno). b) Que Memoria, Verdad y Justicia pasaran a ser una política de Estado. c) La derogación de las Leyes de Impunidad y un largo etc. de gestos políticos laudatorios sobre el asunto.
2) Respecto delos juicios a los genocidas vociferaron: “Ahora es fácil, es como ir a cazar leones herbívoros al zoológico porque ya no tienen poder”, falso: lo corroboran el asesinato de Silvia Suppo en Rafaela, unos días antes prestar declaración. La 2da desaparición de JJ López y los amedrentamientos que sufrieron testigos, jueces y fiscales en La Plata, Bahía Blanca, Sta. Fe, Corrientes, Mar de Plata. Hasta en Bolívar, Eduardo Macchi,testigo del caso La Escuelita de Bahía Blanca, recibió amenazas telefónicas. Como consecuencia de estos hechos se dictó la Ley Nacional de Protección a Testigos(luego degradada y desmantelada por un DNU de Macri, que hace pocos días derogó Alberto Fernández).
3) Otra falacia que esgrimen les profetas de la reacción es: “basta de ocuparnos del pasado, miremos para adelante”. Arteramente desconocen que algunos de esos crímenes son presentes y no del pasado,como las desapariciones forzadas, que por ser de ejecución continua se siguen cometiendo aún hoy hasta la aparición con vida de la persona desaparecida o la identificación de sus restos mortales. La sustracción de identidad también, de allí que no opere la prescripción de esos delitos. Aclaro, además, que estas afirmaciones no son opiniones sino Leyes Internacionales a las que Argentina adhiere a través del Pacto de San José de Costa Rica incorporado a nuestra Constitución Nacional con la reforma de 1994.
4) Cuando ya muches creíamos que era una discusión saldada, funcionarios del gobierno anterior re instalaron la polémica sobre la (mal llamada) “guerra sucia”. No fue guerra sucia, fue Terrorismo de Estado. No existieron Dos Demonios sino un genocidio y sus ejecutores están siendo juzgados por crímenes de lesa humanidad, así lo especificaron la justicia argentina y los tribunales internacionales. No hay venganza sino justicia. El modelo argentino es ejemplo para todo el mundo, como lo ha reconocido reiteradamente el Relator de Naciones Unidas y también órganos del sistema interamericano; la República Argentina ayudó a determinar los estándares a partir de los cuales el derecho internacional recomienda abordar las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos.
5) Durante el gobierno de Macri se prohibió en la TV Pública y Radio Nacional hablar de “dictadura cívico-militar-eclesiástica”, se debía decir: “dictadura militar” a secas. El ex ministro de Cultura porteño Darío Lopérfido planteó que los desaparecidos no fueron 30.000 sino que ese número “se arregló en una mesa cerrada” para “conseguir subsidios”, refugiándose en la cifra que expone la CONADEP. Aquí debo citar al abogado platense Fabián Salvioli, integrante de la CIDH quien expresó: “Fueron más, sin duda alguna. La experiencia internacional muestra que en todas las circunstancias de terrorismo de Estado como el que ha sufrido Argentina, muchos casos de desapariciones forzadas no se denuncian (especialmente en ámbitos rurales). Naturalmente, hoy sería bien diferente, pero hace cuarenta años jugaban prejuicios, y fundamentalmente miedo (ya que se sabe que quienes reciben la denuncia son los propios perpetradores y pueden tomar represalias). En el caso argentino, la impunidad luego de que los militares arrancaran por la fuerza la ley de obediencia debida al gobierno constitucional que con coraje intentó juzgarles, ha desalentado presentaciones posteriores. Debe recordarse que no eran años sencillos, y que las amenazas a quienes denunciaban y a las propias personas que trabajaban en derechos humanos eran cotidianas, amén, claro, de los inocultables levantamientos militares armados de semana santa y siguientes, contra el gobierno constitucional. Esos riesgos aún continúan. Otros casos no se denuncian porque las víctimas no tienen familiares cercanos que realicen las presentaciones, y otras personas han muerto desalentadas por las dos décadas de impunidad que siguieron a la ley de obediencia debida y los indultos presidenciales, en que no se recibían denuncias. También hay muchos familiares que no han acudido a reclamar indemnizaciones del Estado, como surge de la diferencia de casos documentados por Conadep y las presentaciones para solicitar el beneficio legal (menos). Por lo que, por un lado, ni el número de reclamos de indemnizaciones ni los denunciados ante Conadep dan elementos definitivos del número de personas desaparecidas, y por el otro, el hecho de que los reclamos de indemnización sean menores que los casos registrados en Conadep echa por tierra el argumento que se repite malintencionadamente por el que se señala que lo que se buscan son indemnizaciones por casos inventados. Más bien al revés, existe una gran cantidad de personas que han decidido no aceptar las indemnizaciones. El informe oficial de los Archivos de Seguridad Nacional desclasificados en Estados Unidos -y hechos públicos en el año 2006- señala que a mediados de 1978 -cuando recién iban dos años de los siete que duró la dictadura- los propios militares argentinos reconocían que las víctimas eran más de 22.000. La discusión finalizaría rápidamente si los militares argentinos de aquella época, cuya inmoralidad solamente es equiparable a su cobardía, no hubieran destruido poco antes de dejar el poder todos los archivos en que se documentaban los secuestros y hechos posteriores, para intentar eludir sus responsabilidades -algo en lo que aún continúan- junto a parte de sus familias y los pocos trasnochados nostálgicos de la dictadura que existen en Argentina. Reitero, es muy probable que las víctimas que fueron desaparecidas forzadamente en Argentina hayan sido muchas más de 30.000, aunque el número es simbólico y debe quedar porque así está instalado en la memoria del pueblo Argentino, y de la propia comunidad internacional. Pero si de números se trata, quisiera señalar otras cosas relativas a este tema y que no se ponen arriba de la mesa en las discusiones: se omite decir que la desaparición forzada convierte en víctimas a los familiares que sufren un trato inhumano y degradante del Estado por la incertidumbre cotidiana y permanente respecto del destino y paradero de sus seres queridos, por lo que bien puede hablarse de una cifra muy superior si se les incorpora como víctimas (no es una ocurrencia mía, así lo reconoce la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia constante, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Comité de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas, y la propia Convención de Naciones Unidas en materia de desapariciones). ¿A cuánto asciende el número de víctimas de desapariciones forzadas si se considera, como corresponde, víctimas a familiares? Adicionalmente, la desaparición forzada de personas es un crimen contra la humanidad: así se entiende en derecho internacional, porque convierte en víctima a la humanidad en su conjunto; si queremos discutir de números seriamente, nos encontraremos con cifras muy superiores”.
‘El tiempo pasa con su escoba de olvidar y algunos la agarran. No es difícil barrer los recuerdos que las circunstancias tornan molestos’.
(Juan Gelman)
José María Alabart, actor, director teatral, docente, militante político
Ciertamente este 24 de marzo nos encuentra como país, en una situación especial. La “normalidad” de la vida cotidiana ha quedado suspendida y nos halla forzosamente introspectivos y en alerta.
De otra manera, mediante la fuerza de las armas, aquel 24 de marzo de 1976, se desembozó un proceso que alteraría por largos siete años, las reglas del juego de la vida ciudadana en todo el país. Mientras muchos le daban la bienvenida sin advertir las consecuencias a mediano y largo plazo, otros y otras pasaban a ser parte de los amenazados por la represión estatal ilegal e ilegítima.
Eran generalmente militantes de partidos políticos, integrantes de sindicatos, organizaciones sociales, estudiantiles, barriales o ciudadanos con posicionamientos ideológicos expresados públicamente que conformaron el “enemigo” a destruir por parte de las Fuerzas Armadas.
Una piensa ahora, desde la posición de vulnerabilidad en que nos coloca el COVID 19 incluso como especie, en la vivencia de vulnerabilidad y de peligro que habrán tenido la mayoría de nuestros desaparecidos y los sobrevivientes también. La dimensión humana del miedo, de la paranoia, que debieron enfrentar durante tiempo prolongado, en el mejor de los casos, para recuperar la libertad y la vida, o para perderlas definitivamente.
Quienes habían elegido militar por un mundo mejor, eran movidos por esta condición de empatía que tanto se nos reclama y reclamamos constantemente al prójimo, sobre todo en momentos críticos como el que estamos viviendo. Sabían de solidaridad, de compañerismo, de altruismo. Confiaban en la organización, en la lucha, en las herramientas de la democracia para la construcción de un país mejor para todos y todas.
Muchos de estos valores son necesarios más que nunca en estas circunstancias para que, sin descuidar las banderas y reivindicaciones de los 30.000 que nos antecedieron y de los muchos que están entre nosotros – como la inmensa Norita Cortiñas que acaba de cumplir 90 años-, atravesemos la situación de “anormalidad” cuidándonos mutuamente de modo que la amenaza, el miedo, el peligro, se vean reducidos a la mínima expresión dentro de este colectivo que es Argentina y cuyo proyecto nos debe contener a todos.
¡Los cuerpos están en cuarentena, la palabra no!
¡30.000 desaparecidos presentes, ahora y siempre!
Mónica González, docente, militante del SUTEBA
Continuaremos, ya que el 24 de Marzo no es todos los días, pero sin embargo como población argentina deberíamos recordarlo a diario, para aprender sobre aquél trágico período (aún nos falta) y que no vuelva a pasarnos.
Edición: Chino Castro
