“Hoy, en el contexto en el que vivimos se generan ciertas condiciones para que el maltrato a la infancia no sé si se incremente, pero sí se silencie. A nosotros nos preguntan si ha habido un aumento con la pandemia, y la verdad es que como no están en funcionamiento las instituciones educativas, que tienen al niño todo el día en su ámbito” y son la caja de resonancia de este tipo de abusos, “estadísticamente ha habido un descenso”. Quien lo afirma es el jefe de la Dirección municipal de Niñez, Adolescencia y Familia, César Tordó Pequi, quien conduce un equipo multidisciplinario de abordaje de situaciones de maltrato a niños, niñas y adolescentes a nivel local.
El 25 de abril se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil, “y en pandemia pareciera que la violencia se instituye con un peso cada vez mayor como rectora de los vínculos, cual si los lazos sociales estuvieran signados por formas de vinculación que han ido perdiendo amenidad”, explicó el psicólogo, en declaraciones el fin de semana a este diario.
Todo, en un marco capitalista que exacerba el consumo, el híper rendimiento y el individualismo, un orden de sociedad del que los pibes, las pibas y los adolescentes “no están ajenos”.
“A nosotros desde la Dirección nos interesa promover este año que nos atrevamos a hablar del maltrato, en sus distintas formas, porque no hay una sola”, puntualizó Tordó. La más obvia o evidente es la violencia física, pero también existen otras “más sutiles”, como el abuso psicológico, “esto de espetarle a un chico que no sirve para absolutamente nada, que es un inútil y ese tipo de manifestaciones” que desconocen su individualidad y lo que puede entregar según su nivel de desarrollo, al imponerle el adulto su propio horizonte de aspiraciones. Están también el abuso sexual, “una de las formas de maltrato más graves”, y “la negligencia: ausencia de cuidados, abandono; es el no mirar, que está atravesado por otros factores sociales”, enumeró el psicólogo.
Quienes conozcan una situación de abuso contra un pibe o piba, están convocados a denunciarlo a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, que funciona en Arenales 58 en el ámbito de la Secretaría de Desarrollo Humano, o al teléfono 15482400, abierto las veinticuatro horas de cada día. La institución que recibe las denuncias formales es la Comisaría de la Mujer y la Familia, “pero a veces hay que hacer algún tipo de elaboración previa” a la instancia policial, “y ahí es donde podemos intervenir”, dijo el funcionario. El equipo a cargo de Tordó, que ha ido ampliándose estos años, está conformado por unos doce profesionales de diversas disciplinas. Se realiza un abordaje psicológico, o se deriva el caso a la órbita judicial cuando las condiciones lo ameritan. “Por supuesto que las situaciones de maltrato deben ser judicializadas, pero muchas veces lo que hace falta en una dinámica familiar es el nombrar, el contar el maltrato, y eso genera un corte”, aseguró el funcionario.
En ese sentido, los psicólogos y psicólogas que integran el equipo “deben garantizarle al niño, niña o adolescente su derecho a ser oído, uno de los fundamentales de la ley de Promoción y Protección de los Derechos de la Infancia”. Se trata de “una entrevista a solas, en la que nos pueda relatar la situación. Tenemos la facultad de citar a un niño, niña o adolescente sin la autorización de nadie”, remarcó el funcionario. “Después, el equipo de asistentes sociales aborda el caso con la familia, los adultos de referencia, para comenzar a trabajar situaciones que a menudo son muy complejas y llevan meses” hasta ser desestructuradas, admitió Tordó.
A pesar de ello, en casi todos los casos el mero abordaje produce un alivio para la víctima del maltrato, sostuvo el director. “Y cuando vemos que el niño, niña o adolescente sigue expuesto a las mismas condiciones que se referenciaron al inicio de la intervención, se toman otras medidas de protección, como ser sacarlo del ámbito familiar para brindarle un abrigo en un espacio alternativo, hasta que la situación se revierta”. En los casos más graves, el niño queda bajo tutela de la Justicia, “y puede incluso ser adoptado por una familia”. Esto es así cuando se determina “la irreversibilidad” del cuadro de vulneración, por ejemplo cuando se trata de abuso sexual y la víctima carece de referentes al nivel de la familia ampliada, precisó el funcionario municipal. “Se toma lo que se llama una medida de abrigo, en conjunto con el Juzgado de Familia, que para nuestra zona tiene sede en la ciudad de Olavarría, y es quien legaliza estas medidas”. Si transcurridos seis meses la situación no cambia, “ya se queda en condiciones de solicitar la adoptabilidad del niño o niña”, completó el psicólogo.
Chino Castro
