A media tarde de hoy, autoridades locales brindaron una conferencia de prensa contando sobre las últimas medidas tomadas en materia de prevención respecto de la pandemia del COVID-19 que azota al mundo.
Estuvieron presentes la secretaria de Legal y Técnica., Dra. Mariana Eldi; la agente fiscal Dra. Julia Sebastián; el juez de Paz, Dr. Atilio Franco y el juez de Faltas, Dr. Franco Canepare.
La primera en hacer uso de la palabra fue la doctora Eldi, quien enumeró varias de las medidas tomadas por el municipio. “Con respecto a los comercios, fuimos adoptando diferentes protocolos de actuación de acuerdo a los diferentes rubros. En el día de hoy se suspendió todo lo relacionado con la nocturnidad y solamente los comercios podrán trabajar ofreciendo servicio de delivery”, afirmó.
“Los supermercados deben hacer respetar un metro de distancia entre los clientes, en el servicio de caja, y se determinó que las personas mayores hagan sus compras en el horario de 8.30 a 9.30 horas así como se prohibió el ingreso de menores”, siguió.
Recordó las disposiciones tomadas en la atención en salud en el Hospital y los CAPS, así como los controles en los ingresos a Bolívar. “Estamos llevando adelante inspecciones en los accesos a la ciudad, con controles de temperatura y declaraciones juradas que estamos haciendo completar a todas las personas que ingresen al partido de Bolívar. Esto lo replicamos en la Terminal, con los micros que arriban así como también con los servicios de combis”, dijo.
En los últimos dos días comenzaron a circular en redes sociales invitaciones a fiestas privadas que estarían programándose para el fin de semana. También se habló sobre ello. “Hemos recibido varias denuncias de que se están gestando fiestas privadas, de manera ilegal. De oficio el Municipio ya actuó y notificó que no se pueden realizar. Por eso destacamos la importancia de la toma de conciencia y la responsabilidad social necesaria en estos casos”, destacó la funcionaria, quien también expresó que “el parque se encuentra cerrado. El día domingo nos encontramos con que se llenó de gente, y nos vimos obligados también a tomar esta medida”.
Inicio de causas judiciales
“En las últimas horas se ha generado malestar en la población a partir de la difusión de información falsa sobre estos temas, que son altamente sensibles. A raíz de las distintas denuncias que han partido desde la Secretaría de Legales se nos ha alertado de estas situaciones y en el día de la fecha ya tenemos dos personas notificas y procesadas, sin audiencia porque en el estado de emergencia que nos encontramos se encuentran diferidas”, expresó a su turno la titular de la UFID N° 15, Dra. Sebastián.
“El delito de ‘Intimidación pública’ prevé penas que van desde los 2 a los 6 años. Y necesitamos que la población tome conciencia de la importancia del uso responsable de las redes sociales”, remarcó.
La fiscal se refirió también a la prohibición de las reuniones sociales. “Más allá del reproche moral que cada uno pueda considerar que les corresponde (por la organización de fiestas privadas ilegales), hay un reproche penal que se aplicará con todo el alcance que la medida lo permita, por la seriedad del valor ‘vida’ que aparece en juego. El incumplimiento de las medidas de aislamiento obligatorio así como de las demás medidas entre las que se encuentran la prohibición de los eventos sociales masivos, implica una infracción al art. 205 del Código Penal pero también una desobediencia. Si esto se encuentra in fraganti, se procederá como en cualquier caso con la aprehensión, procesamiento y se evaluará si se solicitará o no la detención de acuerdo al caso”, remarcó. Y esto le cabe tanto al organizador, que convoca al evento, como a los que concurran.
De acuerdo a la doctora Sebastián, son dos las causas iniciadas por ‘Intimidación pública’, y además de otras cinco por incumplimiento de la cuarentena prevista para aquellos que regresaron del exterior. La demanda se recuesta en el artículo 205 del Código, que pena con prisión de seis meses a dos años de presión al que viole las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia.
Se aconsejó a la población que en caso de conocer situaciones de violación de la cuarentena impuesta, que realice las denuncias por los canales oficiales correspondientes y no por otros medios. “Hay que actuar con la seriedad que el caso merece. Si uno quiere que intervengan los organismos públicos porque alguien está incumpliendo una norma lo que tiene que hacer es la denuncia, no una publicación en Facebook”, se remarcó.
La titular de Fiscalía mencionó que hay varios casos por presunta infracción al artículo 205, que tienen la salvedad de ser, en algunos, personas que volvieron al país (y concretamente a Bolívar) luego de haber viajado a países que no estaban en la lista de los considerados como de riesgo por la circulación viral masiva; y en otros, personas que al momento de su arribo al país, el aislamiento no era obligatorio. “Por una cuestión de salud pública y de responsabilidad moral, se está interviniendo haciendo un seguimiento de esos casos desde el área de Salud, informándolos, haciéndoles firmar un consentimiento informado en el que se los invita –y ellos aceptan- a respetar por lo que queda el período de aislamiento tal como lo prevé el decreto”, marcó.
Juzgado de Paz y Juzgado de Faltas, en alerta
El doctor Atilio Franco habló sobre la competencia del Juzgado que dirige en esta situación. “Tenemos competencia para el control de la nocturnidad, y nuestra mayor preocupación son las publicaciones en las redes sociales para eventuales fiestas privadas que se iban a realizar este fin de semana. Si las disposiciones de emergencia prohíben las fiestas habilitadas, obviamente estas otras fiestas son ilegales de base porque no están habilitadas y con mayor razón apelo a la sensibilidad social para que no se organicen este tipo de reuniones. Sino las consecuencias serán las correspondientes sanciones”, expresó y enumeró las que son factibles en casos de esta índole.
En el caso del Juzgado de Faltas, a cargo del Dr. Franco Canepare, también tiene competencias para la infracción de ciertas normas. “El intendente decidió, ante la ausencia de una normativa específica para estos casos, dictar un Decreto de Necesidad y Urgencia (NdelR: que fue convalidado por el Concejo Deliberante esta tarde) en el que se prevé, ante el incumplimiento de varias de las medidas que se han ido dictando, la generación de un proceso contravencional que derive en la aplicación de una sanción”, expresó.
Así, se labrarán infracciones y se han autorizado, mediante el DNU, a los inspectores municipales y la policía a dar inicio a este tipo de procedimientos. “Estos procedimientos se llevarán adelante dentro del Juzgado de Faltas y conllevará a la aplicación de sanciones de multas (que irán desde los 200 a los 3000 litros de gasoil) o clausuras, depende de la contravención que corresponda”, puntualizó Canepare.
V.G.
