Frente a la caída en diciembre de una asignación impositiva que las protege, las bibliotecas populares del país, con el respaldo de la CONABIP, han salido a juntar firmas en pos de un proyecto de ley que modifique y prorrogue las asignaciones específicas. En Bolívar, las bibliotecas se han nucleado para llevar adelante diversas acciones, con epicentro el domingo por la tarde en una gran movida pública en el Centro Cívico, sobre la que se informará mañana en una conferencia de prensa.
Además, trascendió que han solicitado audiencias con autoridades políticas para que tomen cartas en el asunto. En 2017 se sancionó la ley 27432, que modifica la ley de emergencia por la que se recaudaba dinero para este tipo de entidades. Las instituciones culturales están fomentadas por la entrada de los cines, y por una parte de los impuestos de la Lotería Nacional. Durante el gobierno de Macri la ley fue reformulada, y se le introdujo una fecha de caducidad, diciembre de 2022.
Cumplido ese plazo, si nada cambia lo que ocurrirá es que esos impuestos se seguirán cobrando, pero ya no serán destinados a las instituciones culturales sino que irán a Rentas Generales. Vale decir, para poner un ejemplo, que el impuesto a la entrada del cine ya no fomentará al cine argentino.
Lo que se pide es que esa ley se modifique y sea revista su fecha de caducidad. Si no ocurre, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP), que sostiene económicamente a las bibliotecas populares y públicas, será virtualmente desfinanciada, alertan desde las entidades culturales del país.
Si no se trata un proyecto de ley que modifique y prorrogue esas asignaciones específicas de recursos para la Cultura y la Educación, tanto el teatro, la música, el cine y las bibliotecas populares argentinas se quedarán sin fondos, advierten los reclamantes. Y agregan que también perderían el Fondo de Fomento para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA), herramienta que permite fomentar a los medios comunitarios, de frontera y de pueblos originarios.
Durante más de veinte años, hasta diciembre de 2017 cuando se promulgó la Ley 27432, esa obligatoriedad de tiempo determinado estuvo vigente pero no se había aplicado a las leyes de asignación específica que habían sido promulgadas antes de la reforma constitucional del ‘94, quedando estas en un espacio indefinido que nadie discutía, extendiéndose así su vigencia. La fecha de vencimiento que se fijó en el art. 4 de la Ley 27432 promulgada en diciembre de 2017 fue de cinco años y vence el próximo 31 de diciembre.
Lo que sucederá en esa instancia será que los impuestos que se establecieron para afectarse específicamente a las industrias culturales no dejarán de cobrarse ni serán eliminados, sino que pasarán a rentas generales. De esta forma esos impuestos no tendrán la asignación para la cual fueron creados, expresa un texto que tienen entre manos las bibliotecas locales, y que contiene un resumen, elaborado por una bibliotecaria, de publicaciones nacionales que se están ocupando del tema.
Por todo esto, CONABIP ha solicitado a las bibliotecas argentinas que junten firmas de vecinos en sus pueblos, realicen actividades públicas para difundir el tema y contacten a legisladores nacionales para pedirles intervención. De hecho, ya circula en redes sociales un link para firmar el petitorio en cuestión, donde se solicita “al Congreso Nacional resolver en forma inmediata el tratamiento de la ley de industrias culturales”.
El plazo límite para recabar las adhesiones es el 6 de mayo, fecha en la que las bibliotecas populares del país se reunirán en la Feria del Libro de Buenos Aires, para centralizar las firmas de los vecinos y vecinas de toda la Argentina y los respaldos de los legisladores.
Respecto de lo que se hará aquí el domingo por la tarde, mañana en conferencia de prensa se dará a conocer lo preparado, que incluirá una suelta de globos, según ya se está difundiendo en redes, y otras actividades.
