La solicitud la realizó la fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada Nº15 de esta ciudad, Dra. Julia María Sebastián, el pasado 9 de octubre, por un hecho acaecido en esta ciudad el 20 de septiembre de este año, cuando uno de los imputados, mediante el ardid consistente en llamar a la víctima y hacerse pasar por un sobrino, le dijo que había perdido sus ahorros utilizando la excusa del cepo al dólar y que necesitaba dinero para ayudar a otro familiar, indicándole además que pasaría a buscar el efectivo el gerente del banco Provincia.
La mujer que atendió el teléfono le dijo que tenía 100 mil pesos y le dio la dirección del domicilio por donde debía pasar a retirarlos, cito en calle Rondeau. La mujer que recibió el llamado no le creyó y le dijo al farsante que aguardara en línea que tenía que contar el dinero y mientras mantenía la comunicación con el estafado, llamó desde otro teléfono a la comisaría y alertó de la situación que estaba viviendo.
Los uniformados fueron hasta el domicilio y vieron a uno de los hombres caminando sobre calle Rondeau y al otro que lo esperaba en una motocicleta en la esquina de Rondeau y Uriburu. Los malhechores vieron pasar un móvil policial e intentaron escaparse, no logrando su cometido ya que estaban siendo vigilados por efectivos policiales que estaban vestidos de civil y que lograron detenerlos cuando intentaban darse a la fuga.
La fiscal a cargo, en la investigación penal preparatoria, imputó a Guillermo Alberto Carabajal, de 39 años y a Enzo Ariel Rojas de 31, ambos domiciliados en el Partido de San Martín por cometer el delito de Tentativa de estafas y pidió al Juzgado de Garantías que convirtiera la aprehensión en detención para que los dos hombres, que poseen antecedentes penales por delitos de la misma modalidad, permanecieran tras las rejas hasta el momento del juicio.
Según lo que se menciona en la requisitoria de elevación a juicio a la que accedió este medio y que fue presentada por la fiscalía de Bolívar, “las diligencias practicadas permiten tener por suficientemente justificada la existencia del hecho ilícito”, entre otras argumentaciones y pruebas que presentó la fiscal Sebastián ante el Juzgado de Garantías.
