En la primera sesión ordinaria del Concejo Deliberante en 2023, uno de los temas más controvertidos de la política nacional como la resolución de promover Juicio Político a integrantes de la Corte Suprema de Justicia (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti), tuvo dos miradas; mientras que el bloque de Juntos Pro presentó una Resolución en repudio, el Frente de Todos/PJ ingresó una Minuta (Expediente 8479/23) expresando el apoyo a la decisión del Ejecutivo Nacional.
La concejala Mónica Ochoa, quien fue la vocera en la presentación del proyecto, expresó entre otras cosas que la posibilidad de promover el Juicio político está contenido en la Constitución Nacional y es una herramienta constitucional prevista como equilibrio de Poderes, que la cámara de Diputados es la encargada de acusar, mientras la de Senadores lo es de juzgar.
Agregó que “la causal del Juicio político es el mal desempeño de funciones (en este caso de los “Supremos”)”, y explicó las cuatro causales más importantes en este caso específico.
En primer lugar Ochoa mencionó la declaración de inconstitucionalidad de la Ley del Consejo de la Magistratura, “ya que la denominada Ley 48 le otorgaba a la Corte la facultad de dictar las acordadas necesarias para la tramitación de los pleitos y quedó tácitamente derogada con la sanción de la Constitución de 1994, por lo cual la Corte ya no tiene ninguna competencia para cuestiones vinculadas con la designación, traslado o cese de magistrados y menos para darle instrucciones al Consejo de la Magistratura”. Por ello, “la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de la ley 26.080 que lo regulaba y le dio un plazo al Congreso para que sancione una nueva o de lo contrario reponía la anterior. Esta resolución de dar vigencia a una ley que había sido derogada por el Congreso y emplazar al mismo constituye una decisión inédita, que no registra precedente alguno no solo en Argentina, sino en el mundo”, enfatizó la edil frentetodista.
En segundo lugar, siempre en función de aclarar los fundamentos del pedido de juicio político, Ochoa aludió al Fallo sobre coparticipación en favor de CABA, “que viola claramente el artículo 75.inciso 2 de la Constitución Nacional”, según remarcó. Ese artículo establece que una ley convenio, sobre la base de acuerdo entre la Nación y las provincias, instituirá el régimen de coparticipación de los impuestos directos e indirectos. “A pesar de esto, el ex presidente Mauricio Macri lo hizo mediante un simple decreto que le triplicó los fondos a CABA quitándoselos a Nación y de manera indirecta a las provincias. La Corte, haciendo lugar a una medida cautelar, ordenó que el Estado nacional debe entregar a CABA dichos fondos coparticipables, contrariando así a la propia Constitución”, precisó.
En tercer término se refirió al Fallo que benefició con el “2×1” a los condenados por delitos de lesa humanidad. En este caso, la Corte aplicó una ley caducada en 1995, computándose cada año sin condena en prisión como doble, desconociendo toda la legislación internacional obligatoria en materia de derechos humanos dado que los mismos son imprescriptibles, imperdonables y sus penas no se pueden conmutar, situación que generó en el año 2017 una marcha de la ciudadanía en general como repudio a la medida, recordó Mónica Ochoa.
El cuarto y último punto al que la concejala hizo referencia en el recinto, fue al vaciamiento de la Obra Social de los Judiciales. En este punto destacó que en la misma se cometió todo tipo de irregularidades, razón por la cual el pasado 30 de marzo, acorralado por graves denuncias, renunció su director general.
Luego destacó que el principal argumento utilizado contra la iniciativa legislativa es que no se puede juzgar a los jueces por el contenido de sus sentencias pero este criterio tiene validez cuando se trata de las sentencias dictadas por los tribunales ordinarios, donde existe siempre una doble instancia que permite la corrección de los errores cometidos en la instancia anterior pero no en el caso de los jueces de la Corte Suprema, sus resoluciones son definitivas.
Además, Ochoa fundamentó el apoyo de su Bloque a este Juicio porque consideran que se trata de una Corte “antipopular que falla siempre en favor de las empresas y ataca al Estado, permite que se encarcele a dirigentes políticos y sociales sin condena, violando el artículo 18 de la Constitución, que claramente representa ideológicamente al neoliberalismo en cada uno de sus fallos, que es un ejemplo de connivencia político-judicial en la cual se llega al extremo de que uno de sus miembros fue promovido al cargo por quien es hoy un prófugo de la Justicia”.
“Necesitamos una corte que nos represente a todos, no sólo a un sector”
Finalmente aclaró que se trata de un juicio político “que lo único que persigue es la destitución y eventualmente la inhabilitación de los ministros de la Corte Suprema y no se trata del Poder Judicial”, y que “necesitamos una Corte que nos represente a todos, no sólo a un sector político determinado, a las empresas y a los grupos concentrados de poder”.
La Comisión de Juicio Político es una de las comisiones que ha venido trabajando con mayor intensidad desde el comienzo del año legislativo. Ya ha recibido varios testigos, en el marco del proceso de remoción iniciado a principios de febrero y que fue promovido por el presidente Alberto Fernández y por gobernadores.
