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viernes, 19 de julio de 2024
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Fumigaciones: “La sociedad civil debe activar para que el Estado dé respuestas”

Eduardo Cabaleiro en Conversatorio sobre Derecho Ambiental.

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La ordenanza local “es de las más progresistas del país”, pero es sólo “un buen comienzo”. Letra muerta si continúa sin ser reglamentada siete años después, lo mismo que si se reglamentara pero no se aplicaran los controles que prevé. “El modelo del agronegocio está agotado, cada vez demanda mayor cantidad de agrotóxicos”, con un creciente “y documentado” daño sobre los suelos, las napas, el aire y los cuerpos, aseveró en exclusiva con el diario Eduardo Cabaleiro, especialista en Derecho ambiental, convocado por el colectivo Tierra Viva para una conversatorio sobre un tema que “no está en agenda” de la política con poder ni de la Justicia. Una ‘dinámica del deterioro’ que sólo podría quebrarse si la sociedad civil se organizara para activar.

Eduardo Cabaleiro conversó en Bolívar el martes, en el auditorio de la Biblioteca Rivadavia, con quienes están interesados en la causa ambientalista. Como fue dicho aquí en los artículos de anticipo, Tierra Viva, colectivo promotor de la jornada, pretendía con este encuentro volver a la carga pública con un tópico que quizá debería ser clamor popular, pero sigue bajo la niebla del silencio: el imperativo de que por fin, siete años después de su aprobación por unanimidad en el Concejo, entre en vigor -en la práctica, allende lo teórico- la ordenanza que regula las fumigaciones con agroquímicos en el Partido. 

Un nuevo intento de los militantes bolivarenses del ambientalismo, en un contexto particularmente hostil para el campo popular, en el que no parece surgir en ninguna parte un tiro para el lado de la justicia y la protección de derechos, no hablemos ya de ampliaciones.

¿Es una buena ordenanza la que tenemos en Bolívar para regular las fumigaciones con agroquímicos? Usted seguramente conoce normas por el estilo de la región y el país.
– Es un buen comienzo la ordenanza para tratar la problemática de las fumigaciones cerca de los pueblos y las escuelas rurales, que es algo que se venía reclamando desde hace años. Es un buen punto de partida. El modelo del agronegocio está agotado, es insostenible, porque cada vez utiliza mayor cantidad de agrotóxicos, cada vez hay mayores resistencias, lo que implica que se tengan que largar al mercado eventos transgénicos cada vez más sofisticados, lo que alimenta un círculo vicioso que va provocando en forma sostenida un mayor uso de estas sustancias que no son biodegradables, sino que persisten, se van acumulando, en las napas subterráneas, en los suelos, en el aire que respira la gente, e inclusive en los cuerpos. Eso es lo que se viene documentando desde hace muchísimos años y últimamente con datos más precisos por el avance de la tecnología en lo que respecta a indagar sobre estas moléculas.

Un avance investigativo que tiende a ser invisibilizado, o combatido, por el agronegocio a través de sus representantes mediáticos, que son justamente los medios de mayor penetración social.
– Se lo invisibiliza, minimiza o ataca cuando hay investigaciones como la que acaba de hacer el INTA Balcarce; se ataca e inclusive se censura.

Pero siempre hay filtraciones, es una voz que poco a poco va calando.
– En ese caso los voluntarios de ese estudio se encargaron de dar a publicidad los resultados, informar. Pero en cuanto a la ordenanza de Bolívar, es una de las más progresistas de la provincia de Buenos Aires y te diría de la Argentina, porque toma en consideración esa información científica que asocia el tema de los agrotóxicos con el daño genético, y hay publicaciones muy precisas que indican que las fumigaciones terrestres por lo menos se tienen que alejar a partir de los mil metros de los centros poblados. Esa es información científica, tiene rigor, no es algo arbitrario, se funda en una investigación que tiene una metodología, que hace una asociación entre lo que sucede entre la gente de los lugares donde se fumiga (y el producto que se utiliza), y eso a su vez está validado por otros trabajos hechos en otros lugares, tanto en niños como en mayores. Además, eso no ha sido refutado.

En Bolívar se consiguió la unanimidad del Deliberante para aprobar la ordenanza que regula las fumigaciones, pero han pasado siete años y el Depto. Ejecutivo no la reglamenta, vale decir que la norma no se aplica. ¿Disponer de una ordenanza modelo pero no poder ‘usarla’, por decirlo así, durante tantos años, es algo común, otros pueblos viven la misma situación?
– Es una especie de regla que se da. Acá estamos hablando de una ordenanza modelo, si se quiere, pero en otros distritos tenés ordenanzas que establecen distancias mucho menores y tampoco. No es que no se reglamentan, por ahí sí lo están, pero no hay un control.

Claro, puede ocurrir que la reglamentación no cambie nada y la norma siga sin aplicarse, porque si no hay control…
– Lo importante es que la sociedad civil esté permanentemente activando en esta cuestión.

LA LUCHA “NO TERMINARÁ MÁS”

¿Así se rompe esta lógica, con la sociedad civil demandando en defensa propia? Porque el agronegocio seguirá presionando, haciendo lobby y ejerciendo su poder para que la ordenanza no se reglamente, o que no haya control si se reglamentara.
– Es activando, sí. Esto es muy común en los pueblos del interior, yo vengo trabajando el tema desde hace veinte años. No solamente con el tema de las fumigaciones sino con el agua, la que se consume en todos estos pueblos no es potable, no sólo por los agrotóxicos sino también por el arsénico, que ya es un problema histórico. En el caso de Bolívar, se ha logrado esa ordenanza gracias al activismo de la sociedad civil. Lo mismo que con el tema del agua, por ejemplo en Nueve de Julio o Chivilcoy la sociedad se ha organizado para activar, porque no están en la agenda de las autoridades estos temas

¿Qué ejemplos a mano tendríamos? Digo de un pueblo en el que la sociedad civil haya activado para que una ordenanza como la bolivarense se reglamente y además se ejerzan los controles correspondientes.
– Hay varios ejemplos, pero viste que esta es una lucha constante. Tenemos el caso de Pergamino, donde hay una lucha histórica, se fue a la Justicia, actuó la Justicia federal inclusive, y en la primera violación que hubo a la medida el juez ordenó la detención de esas personas y eso fue una especie de caso testigo que hizo reflexionar al resto y se cumplió estrictamente. Y fue una medida resistida por el propio municipio hasta la Corte Suprema. Está el caso de Marcos Paz también, donde se viene activando fuertemente, no solo con las fumigaciones sino con el tema del agua. En San Miguel del Monte… Después, en lo relativo a los objetivos a cumplir, a esto no hay que mirarlo en términos de éxito-fracaso, el tema es justamente activar para que el Estado dé respuestas a estas cuestiones que, como dije, no están en agenda y son invisibilizadas.

Finalmente todo esto es parte de la llamada batalla cultural. Una puja que jamás termina, por momentos unos ganan unos ‘rounds’ y pierden los siguientes, en el contorno de una lucha que siempre continuará.  Porque lo único que se sabe es que la batalla cultural no finalizará nunca.
– No se terminará más. Por eso la medida no es éxito-fracaso. Como abogado yo puedo ponerme objetivos para tratar de ir elevando esos estándares ante la Justicia, lo que de algún modo me permite estar acá contando ese recorrido. La Justicia ha mejorado sus estándares de protección. No es fácil, porque no hemos logrado todo lo que queremos y se necesita.

Chino Castro.

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