Los concejales de la Coalición Cívica en la coalición Juntos Marichu Goyechea y Andrés Porris, expresaron a este medio su desazón tras el resultado de la última sesión del Concejo Deliberante en la cual se trató el proyecto de ordenanza Fiscal e Impositiva enviado por el Ejecutivo municipal y que regirá, tras su aprobación por mayoría, para todo el período fiscal del año próximo.
Repitiendo algunos argumentos esgrimidos por ambos en esa misma sesión, fustigaron a la bancada oficialista aduciendo que, por imperio de una mayoría que responde sin análisis a los dictados del Ejecutivo, se terminen aprobando normativas perjudiciales para los contribuyentes y, en algunos casos, llegando al límite del propio absurdo.
“Algunos puntos del proyecto enviado parecen risueños”, aseguró Goyechea “y por supuesto es nuestro derecho y nuestra obligación marcar ese disenso y, además, presentar un proyecto alternativo, como lo hicimos antes de la sesión en labor parlamentaria”.
“Ellos (los concejales oficialistas) se enojan mucho cuando nosotros decimos que por algo Bolívar está como está en todos los órdenes. Desde la salud hasta la limpieza de la calles. Hay que considerar que las tasas son retributivas de un servicio por lo tanto éste debe ser prestado. En realidad ninguno de ellos está siendo dado. Hemos presentado innumerables pedidos de informes al respecto y nunca nos fueron contestados. No sabemos siquiera si el Municipio cuenta con regadores, nadie contesta nada. No estamos criticando, estamos queriendo saber, tener información, solamente eso. Y el oficialismo se olvida que nosotros somos parte de la voz del pueblo”.
Entrando en el análisis de algunos de los puntos del proyecto, Marichu se detuvo en el régimen de venta ambulante. “Hay una ordenanza que prohíbe la venta ambulante en Bolívar, que está vigente desde el año 1993 y establece una serie de requisitos para que se pueda autorizar, entre ellos la obligación de pagar un cánon. Pero el artículo 10 del proyecto que se aprobó de Fiscal e Impositiva dice que se suspende el cánon que debe pagar el vendedor ambulante por una gran cantidad de rubros, lo que de alguna manera importa una virtual liberación. Ello perjudica gravemente al comercio habilitado, correctamente instalado, que paga sus obligaciones y es una manera de enfrentar a los vecinos entre sí.”
– Sin embargo el Ejecutivo se reunió con instituciones antes de elevar el proyecto y parece haber consensuado con ellas estas cuestiones, entre ellas la Cámara Comercial…
“Es cierto. Pero no creemos que la Cámara haya avalado esta cuestión. Lo que sucede es que hay muchas mentiras aquí, o verdades a medias. Ayer (por el lunes) a la 1 de la tarde le informaron a la Cámara Comercial que a esto no lo iban a aprobar y sin embargo fue aprobado. La verdad es que parece un disparate esta aprobación, porque entre otras cosas quedaría permitida la comercialización puerta a puerta de artículos comestibles, lo que puede acarrear serios problemas a la salud de la población. Lo que preocupa mucho es la situación del comercio establecido, esta situación le representa una competencia desleal”.
En otro orden, Goyechea puso el foco en la Tasa por Seguridad. “El contribuyente paga por monitoreo, por la utilización de cámaras. Sin embargo a un comerciante de la avenida San Martín que le robaron le dijeron que las cámaras deben instalarlas los vecinos. O sea, pagamos para que nos cuiden y nadie lo hace. Pero lo que representa una verdadera incoherencia es la habilitación de la venta de pirotecnia. Quien quiera habilitar un negocio para la venta deberá pagar $ 668.250. Pero resulta que la venta de pirotecnia está prohibida. En ningún momento aclara la ordenanza que debe ser pirotecnia no sonora”.
Con todo, los concejales que hablaron con este medio, dijeron que lo peor de la ordenanza es haber dado “un cheque en blanco” al intendente municipal respecto al incremento de las tasas, ya que se autorizó un aumento del 65 por ciento facultando al intendente a llevarlas hasta el 95 por ciento sin la inflación supera aquel porcentual.
“Hay demasiadas inconsistencias, afirma Andrés Porris. En principio la inflación prevista según (el ministro de Economía) Sergio Massa, es del 60 por ciento. O sea un 4 por ciento mensual de punta a punta. Acá por las dudas ya le tiraron un poquito arriba y por trascartón, el artículo 41 incorpora un parrafito que dice que si la inflación supera ese 65 por ciento el intendente mediante decreto la puede llevar hasta el 95 %. ¡Una genialidad!”.
“Pero además, el proyecto de Presupuesto que votaremos el día 12 de diciembre, también habilita al intendente a hacer las modificaciones presupuestarias que quiera. O sea que aprobaremos un Presupuesto que el día 1 de enero puede cambiar totalmente”.
Porris atacó duramente al Departamento Ejecutivo aduciendo que las reuniones efectuadas con las instituciones fueron nada más que una puesta en escena. “El intendente tenía bien preparado un informe de prensa al respecto que se publicó en los medios 4 o 5 días antes de la sesión del Concejo. Nosotros como concejales no sabíamos nada del contenido del proyecto a pesar de pedidos de informes efectuados, ni de la fecha de la sesión. Por eso presentamos un proyecto alternativo que hubiese sido mucho más beneficioso para la población. El jueves nos avisaron que la sesión iba a ser el lunes y que el viernes cerraba el orden del día. Hay una habitualidad en el Concejo que son las reuniones plenarias, con instituciones, con funcionarios y ello lleva tiempo. Como concejales podemos convocar al secretario de Hacienda, al director de Rentas, etc.”, enfatiza Porris dejando claro que él considera una verdadera trampa esta determinación y esta forma de actuar.
“El primero que tiene que cumplir con la ley es el gobierno y no lo hace. Y la segunda cuestión grave tiene que ver con un obrar de buena fe, que tampoco lo hace. A la sociedad no le plantean estas cosas. Pero el 1 de enero, con la primera cuota de tasas municipales ya tendremos el 65 por ciento. No sé si alguno tuvo el 65 por ciento en sus ingresos”, resume el edil, quien también asevera que “este (por el que viene) será un año electoral y de ahí el apuro a dejar todo cerrado.
“Pero la gente debe saber que estos desequilibrios de fuerzas salen de lo que la gente vota. Es fruto del voto popular, consciente o inconscientemente lo hacen y además también es cierto que no hay mecanismos que castiguen a los gobiernos por el incumplimiento de las normas. Yo como concejal tengo acceso al RAFAM a través de una clave. Hemos presentado un recurso ante el Tribunal de Cuentas por la violación de la ordenanza de afectación del 80 por ciento de la Tasa Vial y no tenemos respuestas. El sistema termina siendo cómplice de los gobiernos municipales que incumplen”.
