El Dr. Jorge Moroni aceptó el diálogo periodístico con La Mañana 24 horas después de conocerse el fallo emitido por el Dr. Héctor Torrens, titular del Juzgado en lo Correccional Nº 2 de Azul, por el cual absolvió al ex intendente radical Juan Carlos Simón en la causa que, por presunto enriquecimiento ilícito, tramitó ante ese Juzgado.

Moroni es el abogado defensor de Simón y también hombre de absoluta confianza del ex intendente, quien lo tuvo como director de Legales durante sus mandatos como jefe comunal local. Por esta razón, para el letrado del foro bolivarense además de un resonante éxito profesional, el decisorio judicial significa una suerte de reinvindicación de la figura pública y privada de su defendido, más allá de reconocer que “habrá quien siga descreyendo de la Justicia y pensando que todo puede arreglarse entre cuatro paredes” y, en ese sentido, aseguró que el daño causado es verdaderamente “irreparable”.

“Para mí ha sido un honor servir a la comunidad como jefe del área Jurídica del Municipio durante la gestión de Simón. Se lo dije al juez en mis alegatos. La verdad es que es una gran satisfacción que la sentencia recoja los argumentos esgrimidos por nosotros desde hace más de 10 años. En el debate vimos desfilar a todos los testigos y “personajes” que pasaron por este expediente. Desde los que hicieron la denuncia pública (me refiero a Carnevale y a Mosca) hasta las personas que le vendieron los inmuebles a la familia Simón. Y hemos demostrado cosas fácilmente contrastables, como la inexistencia del famoso country.

Le mostramos al juez las fotos aéreas con las que quedó demostrado que allí solo hay hoy un terreno baldío, con alguna forestación, que ahora ni siquiera está dentro del patrimonio de la familia Simón, porque fue vendido y comprado por alguien que comparte apellido con uno de los denunciantes”.

Deteniéndose en aquella denuncia pública que dio origen a la investigación, Moroni fue contundente al afirmar que “el señor (Claudio) Carnevale al declarar ante el juez dijo que su denuncia se basaba en trascendidos o rumores y que, como él estaba comenzando una carrera política en UNIÓN-PRO, decidió llevar a los medios porque le servía políticamente para posicionarse. Lo dijo ante el juez y está grabado, por lo que me veo totalmente relevado del secreto profesional. Fue recontra honesto ante el juez”, enfatizó, dejando en claro que allí comenzó todo.

“Cuando se cae este tema (el de las propiedades presuntamente compradas por Simón valiéndose de su posición de privilegio al tratarse de propietarios que debían sumas importantes en concepto de tasas e impuestos) empezamos con el tema de country y el de la famosa ordenanza del año 2009 de excepción de zonificación. Fue una ordenanza que nunca se utilizó y que se votó a favor de otras dos fracciones sujetas a loteos. Hoy Bolívar está llena de loteos y nadie dice que es delito hacerlo. El argumento es que esa excepción le permitía llevar los servicios hasta ese lugar. Pero, ¿qué significa llevar los servicios? Significa solicitar el gas ante la empresa Camuzzi y pagar por ello; pedir la luz a la Cooperativa Eléctrica y también pagar por ello y solicitar el agua y pagarla ante la Municipalidad. Cloacas no, porque no hay. Los servicios no se llevaron hasta la puerta del presunto country, sino al barrio Colombo. Esa fue una mentira que se cayó a pedazos en el juicio”.

El Dr. Moroni insiste en que el daño causado afectó no solamente a la familia Simón sino a todo el radicalismo bolivarense y en particular a José Gabriel Erreca. “Hubo gente conocida mía que no votó al radicalismo por esta causa y en el año 2011 se perdió por eso. Se lo dije a la fiscal mirándola a los ojos. Que los años de demora en el juzgamiento de esta causa generó mucho daño al Partido Radical de Bolívar. Porque no hubo elección en la que no se tocara este tema y se le pegara al partido en temas tan sensibles como la honestidad y la austeridad, verdaderos bastiones radicales”.

El entrevistado elogió la labor desarrollada por la agente fiscal Dra. Laura Margaretic, a quien calificó como la mejor fiscal del Departamento Judicial de Azul. Adujo que realizó un trabajo muy minucioso, con la asistencia de peritos y profesionales de su confianza.

“El Ministerio Público Fiscal estuvo representado de lujo y el Poder Judicial tuvo al mejor juez que tiene actualmente Azul y que yo conozca. No lo digo porque la sentencia se favorable a mis intereses porque Torrens me ha fallado en contra en muchos casos. Pero aprecio mucho su calidad jurídica, que es superadora de la media de cualquier juzgado. Es muy estudioso, muy aplicado al derecho y por eso es muy difícil dar vuelta una sentencia emitida por él. Por eso, si alguno se pone a leer la sentencia cuando se conozcan todos los argumentos, podrá ver que a la familia Simón se la investigó más que a Lázaro Báez y a Cristina Kirchner, con 5 peritos de la Corte y se analizó hasta cuántos metros de rollo de cocina usó la hija de Simón mientras estuvo estudiando. ¿Y qué se descubrió?

Que lo que tenía Simón estaba todo declarado en AFIP. Que no tenía cuentas en el extranjero ni en ningún otro banco que en el declarado. Que los únicos bienes que no estaban a su nombre eran los que les había donado a sus hijos, como hace cualquier padre que puede hacerlo. Que Simón nunca viajó al extranjero. Que nunca se fue de vacaciones. Que es la persona más austera de las que han circulado por Tribunales, cosa que me consta. No se contempló durante esta ficción el factor ahorro. Y que, cuando entró a la función pública era un hombre dueño de un campo de más de 200 hectáreas, que trabajaba 400, que tenía 5 propiedades y su profesión de abogado, que ejerció durante muchos años y que le siguió devengando honorarios. Y que durante la función pública no gastó ni un peso, porque hasta vivía en el departamento municipal, no usaba auto y hasta nunca cambio de traje. ¿Cómo hace una pericia contable para mensurar todo eso?”.

“Nadie se asombra de que gente con menos campo que Simón haya crecido patrimonialmente en forma enorme en Bolívar, mucho más que los 600.000 pesos que tuvimos que demostrar. Una cifra que hoy ascendería a aproximadamente 10.000 dólares. Y por todo ello la fiscal pidió 3 años de prisión en suspenso, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, devolución del dinero y decomiso de los bienes adquiridos durante su gestión como funcionario público. Pero quedó demostrada la licitud de todas las compras y la inexistencia de operaciones incompatibles con la función pública”.

¿Puede haber apelación?

“Si, la fiscal puede apelar y creo que lo hará, máxime con la enjundia que le aplicó a su tarea. Pero con lo que significa apelar una sentencia de Torrens. Repito que es un juez impecable en su labor y que se tomó todo el tiempo que pudo para leer cada uno de los documentos puestos a su consideración. Para dictar una absolución, sin dudas redobla todos los esfuerzos, porque la van a mirar con lupa”.

¿Cómo seguirá todo esto?

“Hay un juicio civil de Matías Simón contra Claudio Carnevale que está parado, a la espera de que esta sentencia quede firme. Juan Carlos no ha hecho nada al respecto, pero sí me interesa manifestar lo que el propio Juan Carlos dijo antes de la sentencia. Ante todo agradeció el respeto con el cual fue tratado; dijo no compartir ni entender lo que estaba diciendo la fiscal, le costaba creer que estuviese hablando de ese modo de sus hijos. Dijo también que le resultaba incomprensible que el hecho de haber interpuesto siempre el interés público por encima del privado lo haya llevado a esta situación. Porque sostener intereses públicos siempre significa afectar privados. Manifestó también su apego a la austeridad y que le parecía que estaban hablando de otra persona en el juicio. Yo creo que el juez le creyó, como yo le creo”.

V.A.C.