La Federación de Entidades de Combustibles tomó intervención en “el caso Bolívar” y aconseja a los estacioneros perjudicados por la Tasa de Seguridad e Higiene, que presenten una Acción de Amparo para impedir su aplicación.
Así lo hizo saber a través de comunicaciones oficiales dirigidas a sus asociados y publicadas en sus redes sociales, asegurando que “el jefe comunal de Bolívar, instruyó a los concejales de su bloque a insertar en el presupuesto fiscal que rige a partir de este año 2022, el cobro de una tasa especial de “seguridad e higiene”, que le cuesta a cada Estación de Servicio una erogación bimestral de 200 mil pesos, más 15 mil por cada surtidor que posean y a esto además le suma 50 centavos por litro vendido”, lo que transforma a esa Tasa en un verdadero “impuesto encubierto”.
Por tal razón instruyó a su asesor legal quien analizó la ordenanza 2722 y especialmente su artículo 4º para luego aconsejar “que cada expendedor de la zona de Bolívar acuda a la Justicia y presente su descargo contra la decisión del Ejecutivo municipal”.
El Dr. Tobalo, asesor legal de la entidad, explicó que las cámaras empresarias, en este caso, no están legitimadas para actuar directamente, pero recordó que “es obligación de la institución ponerse al servicio de sus asociados y colegas para defender sus derechos”.
Como ya se ha informado, el Ejecutivo local habría prometido resolver esta cuestión por vía de la reglamentación permitiendo deducciones de hasta el 25 por ciento de los montos erogados mensualmente en concepto de nómina salarial. No obstante, la medida judicial aconsejada podría ser iniciada en forma individual por los expendedores locales.
