Es para detenidos con “riesgo sanitario”, mayores de 65 años y embarazadas. Sólo para delitos leves.
El Tribunal de Casación Penal bonaerense dispuso ordenar el arresto domiciliario de todos los presos “en riesgo de contagio por coronavirus” alojados en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Esto beneficiaría a unos 800 internos procesados y condenados por delitos leves con más de 65 años, embarazadas, con enfermedades pulmonares graves o madres que viven tras las rejas con hijos menores.
El Tribunal hizo lugar a un hábeas corpus colectivo presentado por los defensores generales de todos los distritos de la provincia, como una manera extraordinaria de hacer frente a la emergencia sanitaria y penitenciaria que se vive en los penales bonaerenses, donde hoy conviven 50 mil internos. La resolución lleva la firma del vicepresidente del Tribunal, Víctor Violini, pero fue consensuada con el resto de los jueces.
Si bien en un principio se hablaba de alrededor de 500 internos, la resolución también alcanzaría a presos “que se encuentren en situación de riesgo pero imputadas o condenadas por la comisión de delitos graves”, según se analice en cada caso. Por eso el número de beneficiados se amplía a unos 800. Sin embargo, no están alcanzados por el beneficio quienes hayan cometido delitos graves como violación, homicidio, robo agravado y violencia de género.
En el fallo se reconoce “la gravísima situación de las personas privadas de la libertad, por la superpoblación en los centros de detención”. Y sostiene que “a los efectos de contener la pandemia, deben instrumentar medidas alternativas a la prisión o reexaminando las prisiones preventivas ya decretadas, dando prioridad a las personas en situación de riesgo”.
El sistema penitenciario provincial tiene una superpoblación del 120%: cuenta con capacidad para alojar a 24 mil detenidos, pero en sus celdas hay unas 50 mil personas. Desde que comenzó la pandemia, las autoridades del Ministerio de Justicia aceleraron las medidas preventivas y dispusieron recursos sanitarios. Por eso, hace tres semanas, los propios presos decidieron no recibir visitas. El contacto con familiares e íntimos está suspendido para casi la totalidad de los reclusos.
Casación encomendó también a “jueces de Garantías, Jueces Correccionales y Tribunales en lo Criminal la evaluación de oficio de las prisiones preventivas de los imputados a su disposición, considerando para tal cometido los intereses de las víctimas, particularmente en los procesos por delitos contra la vida, la libertad, la integridad sexual y aquellos cometidos en un contexto de violencia de género”.
La disposición apuntó además a los jueces de Ejecución que tengan a disposición “condenados sin sentencia firme” y a los que les falten seis meses para obtener la libertad condicional , para que se evalúe “la necesidad de disponer, de manera extraordinaria y por única vez, la detención domiciliaria, hasta alcanzar el término para la obtención de mejores derechos”. Y una vez más se resaltó “la prohibición de mantener alojadas en comisarías a las personas mayores de sesenta y cinco años de edad”.
