Vecinos de la localidad de Ibarra recibieron el jueves la visita de Ariel Ferreyra, quien más allá de desempeñarse como director de Investigaciones del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, se encargó de resaltar que lo hizo en su calidad de hombre de la política local interesado en analizar problemáticas planteadas por esos pobladores y que guardan relación, entre otros temas, con el cumplimiento de la ordenanza 2749/21 que establece limitaciones y controles al tránsito en la zona urbana. No obstante, por tratarse de cuestiones que aunque sea tangencialmente tocan a sus funciones dentro del Ministerio de Seguridad, la necesaria solución definitiva al cementerio de automóviles que está emplazado en Ibarra desde hace muchos años, todos ellos procedentes de secuestros policiales, fue quizás uno de los motivos principales del paso de Ferreyra por el poblado, donde fue recibido por una decena de vecinos del lugar.
En diálogo con La Mañana, Ariel dijo que todos los temas que le fueron planteados merecen atención de su parte.
“Estuvimos en la Escuela Nº 12 y Jardín de Infantes. Hablamos con la directora respecto al pedido de reparación edilicia ya planteado. Hay que decir que es calamitoso el estado de la misma. Los murciélagos duermen dentro de la Escuela, porque no hay cerramientos que impidan su entrada”, informó Ferreyra, quien insistió que el edifico necesita reparación y mantenimiento. “Además la Escuela no cuenta con personal auxiliar, porque aún está vigente una normativa por la cual esas tareas están a cargo de la directora”, enfatizó marcando una situación lindera con el disparate. Concretamente en este punto hay pedidos elevados al Consejo Escolar, en la persona de su presidente Mauro Pérez, para que se nombre personal auxiliar.
“Propuse la realización de una jornada comunitaria en la escuela, junto a vecinos, para embellecerla, ya que el Consejo Escolar no aporta nada. De modo que nos pondremos a colectar donaciones de pintura y otros elementos para poner al establecimiento en condiciones”.
Respecto a la Ordenanza 2749/21, que está vigente pero no se aplica, Ferreyra manifestó que la Secretaría de Obras Públicas es el ente constituido como autoridad de aplicación y que está en mora respecto a lo que debe hacer. Todo ello guarda relación con la señalización de la calle principal, la instalación de reductores de velocidad y de altura. Se trata de la avenida de Los Plátanos, por donde, al no existir esos limitadores de altura, pasan innumerable cantidad de camiones que van y vienen de y hacia la planta acopiadora de granos de Cargill, circulación que debería efectuarse por un camino alternativo, que existe.
“Aquí subsiste un tema que viene desde la época en la cual Bucca era intendente y firmó un convenio con la empresa Cargill y el Ministerio de Transporte. Más allá de que habría que revisar esos convenios, toda vez que Cargill está instalada sobre terrenos del Estado Nacional, al menos debería cumplirse con el respeto a controles de tránsito. Por ejemplo, cuando llueve más de 5 milímetros, prohibir la circulación de transporte pesado desde la ruta 65 hasta el acceso a la localidad. Nada de eso se cumple y para hacerla cumplir debería haber un control vial, que podría estar a cargo de efectivos policiales o de Seguridad Vial. Son cuestiones que determina el Ejecutivo y, por eso, Marcos Pisano es el responsable de que no se cumpla con la ordenanza vigente.
Los vecinos también quisieron mostrarle a Ferreyra lo que constituye uno de los problemas mayores de Ibarra: el cementerio de autos, motos y bicicletas alojado en el predio del Destacamento policial y que, por su magnitud, también se extiende por terrenos particulares tomados al efecto.
“En este punto es importante decir que cada vehículo allí depositado tiene una historia judicial, responde a una causa. El Ejecutivo debe gestionar la compactación de aquellos vehículos que pasaron 10 años sin que los dueños lo retiren”. Ferreyra marcó, a propósito de lo manifestado, que hay muchos de ellos, por lo tanto, que ya estarían en condiciones de ser compactados y retirados del lugar. “Esta es una tarea que debe asumir la Fiscalía, la UFI 15 de Bolívar que debe repasar cuál es la situación por la cual ese vehículo se encuentra en esa situación. Si pasaron más de 10 años ni siquiera es preciso avisar nada a sus titulares. Puede ser compactado. Pero hay tantos allí alojados que superaron el espacio disponible y están directamente violando la propiedad privada. Eso no puede ocurrir. No se debió llegar a este punto. El terreno del destacamento tiene 20 metros de frente por 47 de fondo y hay vehículos sobrepasando esos límites. Con todo lo que ello conlleva respecto, no sólo a la limitación del uso de la propiedad privada, sino también respecto a la contaminación que generan, especialmente del suelo y la proliferación de roedores”.
“A Marcos Pisano y al anterior intendente les debe parecer que en Ibarra no viven bolivarenses”, castigó Ariel. “Es una comunidad que ha tomado fuerza por la organización de sus vecinos. Hay dos instituciones: la sociedad de Fomento y el Centro Deportivo y Recreativo Ibarrense que están trabajando muy bien y dándole vida a la comunidad”, reseñó.
“Pero es perfectamente comprensible lo que sucede -fustigó Ariel- ya que tanto el proyecto político de Bucca como el de Pisano responden a criterios vecinalistas. Quieren quedar bien con la izquierda y la derecha, cambian de partido todos los días y terminan gobernando para la ciudad cabecera. Yo propongo otra cosa. Propongo recuperar la historia de Bolívar y entonces me comprometo con este proyecto de la gente de Ibarra. Los voy a ayudar en todo lo que pueda. Se los manifesté y lo haré presentando las notas de pedidos donde correspondan. Queremos que las localidades recobren vida y en Ibarra está sucediendo”.
