28 de enero de 2026

OPERATIVOS

OPERATIVOS. Allanamientos y secuestro de motos por evasión de controles de tránsito en Bolívar

Tras una investigación iniciada de oficio, la SUBDDI Bolívar secuestró cuatro motocicletas e imputó a cuatro personas acusadas de desobedecer a inspectores municipales. La fiscal Julia Sebastián encabeza la causa, que se originó a partir de pruebas obtenidas del Centro de Monitoreo.

En el marco de una investigación judicial iniciada de oficio por reiteradas evasiones a los controles de tránsito implementados por la Dirección de Protección Ciudadana de Bolívar, se realizaron en las últimas horas una serie de allanamientos domiciliarios que culminaron con el secuestro de motocicletas y la imputación de varias personas.

La causa es llevada adelante por la Subdelegación Departamental de Investigaciones en Función Judicial (SUBDDI) Bolívar, bajo las directivas de la fiscal Julia María Sebastián. Las tareas investigativas permitieron identificar a los responsables a partir del análisis de material fílmico aportado por el Centro de Monitoreo Municipal, considerado prueba clave en la investigación, y de los testimonios de los inspectores que participaron en los operativos de tránsito.


Durante la mañana de este martes, personal de la SUBDDI Bolívar, con colaboración de la DDI Azul, la SUBDDI Olavarría, el Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría de Bolívar y el Comando de Prevención Rural (CPR), llevó adelante los allanamientos. En los procedimientos también intervinieron agentes de Protección Ciudadana y Defensa Civil.

Como resultado del operativo, se secuestraron cuatro motocicletas de distintas cilindradas y se imputó a cuatro personas por el delito de desobediencia, quedando a disposición del Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial Olavarría. Asimismo, se informó que copias de las actuaciones serán remitidas al Juzgado de Faltas Municipal para su intervención en el ámbito contravencional.

El delito imputado se encuentra tipificado en el artículo 239 del Código Penal Argentino, que prevé penas de prisión de quince días a un año para quienes resistan o desobedezcan a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones.

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