Información General. Tres años sin una ordenanza que nos cuidaría a todes

Fue aprobada por unanimidad en el Concejo, pero como el Ejecutivo no la reglamenta, es letra muerta. Se trata de la ordenanza que limita el uso de agrotóxicos para proteger a las poblaciones y el medio ambiente, que cumplió tres años en un cajón mientras las fumigaciones a cielo abierto continúan sin sanciones.

Para volver a poner de relieve en el tapete público esta situación, el colectivo “Tierra Viva” realizó el viernes en el Centro Cívico un “festejo” del nuevo aniversario de una ordenanza que es pura teoría, con cartelería alusiva, pintadas en el piso y haciendo docencia con los transeúntes a través de algunos de sus integrantes, que aseveraron en declaraciones a este diario que acudirían a la vía judicial, ya que el diálogo con el gobierno municipal “está cortado”.

“Felices” tres años de la ordenanza 2459. Basta de negociar a costa de nuestra salud y nuestra madre tierra”, denunciaba la pancarta portada por Andrés Tarruela, del colectivo.

¿INAUGURAR UN CENTRO ONCOLÓGICO O HACER MEDICINA PREVENTIVA SILENCIOSA?

La pancarta contiene una apelación muy clara y donde debe hacerse, en la puerta del palacio municipal.

Tarruela: - Esto de felicidad tiene que ver también con que todavía no existe otra ordenanza que la quiera anular, pero no sería necesario, ya que al no estar reglamentada es como si estuviera anulada. A pesar de esa ironía, es una situación triste y negativa porque esta ordenanza vela por la salud del ambiente y de las personas del Partido de Bolívar de una forma integral. Siempre decimos que no dañar el ambiente, el agua, el suelo, es medicina preventiva. Le hemos consultado al intendente donde quieren poner los fondos, si en la inauguración de un centro oncológico que le permita aparecer en las redes sociales, o en hacer medicina preventiva silenciosa.

¿Qué respuesta les dio, y, más allá de ello, por qué consideran que esta ordenanza sigue sin ser reglamentada?

- El diálogo está cortado. Cuando podíamos conversar, decía que estaba en tratativas, que iba a ver, que iba a tratar de implementarla. Ahora no hay diálogo, si están nuestras misivas, que ingresan por mesa de entrada al municipio, dirigidas al intendente y al director de Ambiente, Junco (Diego), pidiendo que la reglamenten y la implementen, más allá de las denuncias por las violaciones a esa norma.

¿Y ese material no ha sido recogido, nadie del municipio los ha convocado ni les ha respondido las cartas?

- No. Han hecho silencio. Inclusive a través de la Secretaría de Producción hemos acercado proyectos de producción local de alimentos sanos, hemos invitado a trabajar en alternativas de fomento a la agroecología, y no se ve voluntad de que quieran estar en esa línea. No hay acuse de recibo. Pero a través de las vías judiciales van a tener seguramente que hacer ese acuse de recibo.

¿Acudirán a la vía judicial?

- Lo estamos evaluando. La Defensoría del Pueblo regional Azul trabaja al respecto, y la de Buenos Aires está con un requerimiento personal solicitando al municipio que aplique esa ordenanza, y tiene asignado un ingeniero para el caso. Eso es lo que vendría, pero también sería lento, porque consideramos que dentro del gobierno provincial y los organismos provinciales las cuestiones judiciales entre sí no son fáciles como para que haya acciones concretas pronto.

“EL FARO ES GUAMINÍ”

¿Evalúan una demanda en conjunto con otros municipios bonaerenses? Algunos seguramente están en la misma situación que Bolívar, otros mejor, aquellos en los que la ordenanza se aplica, y otros peor, los que ni siquiera cuentan con esa norma.

- Cada municipio es un hábitat particular. En el caso de aquellos en los que una ordenanza de este tipo se aplica, se ve que el gobierno del distrito está en sintonía con las leyes vigentes, y eso es una obligación de cualquier funcionario público, hacer cumplir las normas vigentes, cosa que hoy no está sucediendo en San Carlos de Bolívar.

¿Dónde se aplica una ordenanza como la bolivarense?

- El faro es Guaminí. Cuando hubo un avance con respecto a regulaciones del uso de agroquímicos, fue muy chocante localmente, el municipio vio que lo había implementado mal, entonces se sentaron todos los que componen la sociedad de Guaminí para hacer las cosas en conjunto. A lo mismo invitamos nosotros.

¿Hay intereses económicos que juegan por detrás para que el Ejecutivo no avance?

- Lo tendrían que explicar ellos en detalle, pero sin ninguna duda que hay intereses económicos. Se toma como que esto es un potencial riesgo contra negocios económicos, pero nadie va en contra sino por el contrario, ya que las propuestas que se hacen desde el colectivo de fomento a la agroecología arrojarían mejores resultados, mayor rentabilidad. Tratamos de comunicarlo y enseñarlo, hay falencias en ese aspecto y mucha gente que no sabe. Por eso convocamos a profesionales a que lo expliquen y hagan docencia.

“LA GENTE SE INTERESA CUANDO SU SALUD SE VE AFECTADA”

¿Al ‘hombre de a pie’ le interesa este tema?

- El ‘hombre de a pie’ es rehén del bombardeo informativo, si bien ahora hay más canales alternativos, información libre no secuestrada por los grandes medios porque es la misma sociedad la que la genera. Pero la gente se acerca a estas cuestiones cuando su salud se ve afectada. No nos parece mal sino algo lógico, pero en cambio nosotros proponemos no llegar al momento de los platos rotos. Esto es medicina preventiva. Lo que decimos es: no agreguemos químicos en el agua que vamos a tomar, para no tener que ir a hacer un tratamiento por intoxicación de agua. Tan simple como eso. Pero en todo el ambiente, no sólo en el agua.

Chino Castro