Información General. Fuerte rechazo a la creación del Servicio Cívico Voluntario

Diversas organizaciones expresaron su repudio al Servicio Cívico Voluntario, lanzado por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

A pocos días de la presentación del programa dirigido a jóvenes de entre 16 y 20 años (ver contenidos aparte), y que estaría a cargo de la Gendarmería Nacional, diversas organizaciones a lo largo y ancho del país expresaron su rechazo con un unívoco clamor: los jóvenes deben estar en la escuela.

En este informe, cuya segunda parte se publicará mañana, este diario recoge algunas de esas voces críticas, también en el ámbito local:

El gobierno creó el "Servicio Cívico Voluntario en Valores", que estará bajo la órbita de Gendarmería y tendrá como objetivo brindar "capacitación en valores democráticos y republicanos" a jóvenes de 16 a 20 años. Según el texto publicado en el Boletín Oficial, la medida tendrá como objetivo: -Brindar capacitación en “valores democráticos y republicanos, fomento del compromiso personal y para con la comunidad, hábitos responsables, estímulo a la finalización del ciclo educativo obligatorio”.

-La promoción del desarrollo “de habilidades para el trabajo, culturales, de oficios y deportes".

-Ofrecer talleres “que permitan adquirir nuevas destrezas y habilidades"; apuntadas a "fomentar la inclusión, educación, superación y liderazgo en búsqueda de la cohesión social"; y que brindarán "herramientas que permitan la futura elección profesional".

En principio, expreso mi rechazo a la propuesta, coincidiendo con manifestaciones en este sentido de organizaciones gremiales; como la CTERA, el SUTEBA, CONADU; diversos colectivos docentes, graduados y docentes de Ciencias de la Educación de diferentes Universidades. La medida da cuenta de la incapacidad del Ministerio de Educación, por falta de decisión política, de garantizar el derecho pleno a la educación a los jóvenes, a quienes por otra parte, se estigmatiza, ofreciendo para ellos el disciplinamiento. Una vez más se evidencia el desprecio a la formación docente, a la especificidad de la función. Se vaciaron de contenidos los Programas de Formación Continua, desmembraron equipos técnicos, deslegitiman las instancias de Jornadas Institucionales y luego asumen que un gendarme ejercerá mejor la función de            enseñar apelando a un preocupante regresivo sentido común. Si bien es necesario reconocer que el sistema educativo se debe el debate para pensar una escuela inclusiva, de calidad, es imprescindible señalar que el Programa Nacional de Formación Permanente (PNFP), que diseñó el Ministerio de Educación de la Nación durante la gestión anterior, iba en esta dirección. La descalificación al saber político pedagógico que expresa esta gestión educativa, nos hace retroceder hacia paradigmas ampliamente superados.

Sandra Roldán, profesora en Ciencias de la Educación; especializada en Pedagogía de la Formación.

Por su parte el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, se opuso duramente al "Servicio Cívico Voluntario", a través de un informe de prensa distribuido en medios del interior bonaerense, que en el caso de Bolívar llegó por intermedio de la oficina local de la Defensoría, a cargo de Reina Venier:

"La capacitación en valores democráticos y republicanos para los jóvenes es potestad de la educación pública y no de las fuerzas de seguridad", indicó el Defensor, quien rechazó la resolución del gobierno nacional de crear un "Servicio Cívico Voluntario en Valores" a cargo de la Gendarmería Nacional y recordó la responsabilidad del Estado nacional y las provincias de proveer una educación integral, permanente y de calidad a través de su sistema educativo.

"La capacitación en valores democráticos y republicanos para los jóvenes es potestad de la educación pública y no de las fuerzas de seguridad. Esta propuesta tiene más que ver con la campaña electoral que con el interés genuino por los chicos en situación de vulnerabilidad", indicó.

Lorenzino opinó, además, que la iniciativa va en contra de los objetivos que establecen la Ley de Educación Nacional 26.206; la Ley de Educación Provincial 13.688, en donde la educación es un derecho personal y social garantizado por el Estado; la Convención Internacional de los Derechos del Niño y todas las políticas sobre niñez y adolescencia.

"Los recursos del estado tienen que destinarse al cumplimiento de los derechos que tienen los miles de jóvenes que no estudian ni trabajan, pero desde una mirada más integral y respetando los principios establecidos en nuestras principales normas", expresó el Defensor.

En relación a las políticas del gobierno para este sector social, Lorenzino denunció una "evidente falta de programas de empleo y formación laboral que faciliten el acceso de los jóvenes al mundo del trabajo", y criticó el recorte de presupuesto en el área de niñez y adolescencia.

El rechazo a esta medida también llegó a la Legislatura provincial, donde la diputada Angélica Lagunas presentó un proyecto de comunicación en el que solicita su derogación al Poder Ejecutivo Nacional. Entre los argumentos, indicó que Gendarmería es “una de las fuerzas más involucradas en la represión, amedrentamiento en los barrios, espionaje, ocultamiento de pruebas y actividades delictivas de variada índole” y denunció que "en los últimos dos años sus efectivos han asesinado a 96 personas en casos de gatillo fácil pero ahora se postulan para dar lecciones sobre ‘valores democráticos y republicanos’".

“Una herramienta para brindar oportunidades de formación”

El proyecto de resolución elaborado por el Ministerio de Seguridad de la Nación expresa que “dada la importancia de que desde el Estado se impulsen medidas que ofrezcan oportunidades a jóvenes para que, conforme la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, puedan desarrollar sus potencialidades y lograr la máxima satisfacción, integral y simultánea, de sus derechos y garantías; que desde el Ministerio de Seguridad el compromiso con los jóvenes consiste en trabajar por una Argentina sin narcotráfico, donde el resguardo de la vida y la libertad de quienes podrían encontrarse en situación de vulnerabilidad social sea prioritario; por ello, el Servicio Cívico Voluntario en Valores nace como una herramienta para brindar oportunidades de formación a los jóvenes a través de los valores democráticos y republicanos, que suponen compromiso cívico para que conozcan sus derechos y sus responsabilidades, sus capacidades y potencialidades personales, el sentido del deber, la capacitación en nuevas destrezas y habilidades, el compromiso con el bien común y el estímulo a capacitarse continuamente, como herramientas para fortalecer su propia valoración, como personas capaces de generar un impacto positivo en su comunidad”.

Más adelante afirma que Gendarmería Nacional, institución que estaría a cargo del programa, “viene desarrollando importantes iniciativas de cooperación con la comunidad, tales como apoyo a distintas entidades públicas y privadas para el transporte y reparto de donaciones para establecimientos escolares en distintos puntos de nuestro país, por inundaciones, incendios y otros desastres naturales; transporte de contingentes escolares a requerimientos de entidades públicas y privadas en todo el territorio nacional, búsqueda y rescate de andinistas y/o turistas en la zona cordillerana, asistencia sanitaria en zonas críticas e inhóspitas de nuestro país”; actividades de “evacuaciones terrestres y aéreas, auxilio y seguridad ante inundaciones u otras calamidades”; de “mantenimiento, arreglos y construcción de escuelas rurales, traslado de pobladores aislados y en situación de riesgo hacia los centros de asistencia local”, etcétera.

En su artículo 2º, el proyecto señala que el SCV “tendrá por objeto brindar capacitación en valores democráticos y republicanos, fomento del compromiso personal y para con la comunidad, hábitos responsables, estímulo a la finalización del ciclo educativo obligatorio y la promoción del desarrollo de habilidades para el trabajo, culturales, de oficios y deportes”, mientras que en el 6º informa que la implementación se efectuará a través de experiencias piloto, que serán desarrolladas hasta el 31 de diciembre de 2019.

La medida entraría en vigencia efectiva el 1 de enero de 2020, a través de un cronograma progresivo.