"El personal se encuentra en estado de asamblea, no atendiendo al público entre las 16 y las 18 horas, sin poder descartar que las medidas se agraven dada la magnitud del conflicto", informó el delegado del distrito de Bolívar de AFIP - DGI y miembro de la comisión directiva de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos de la seccional de Junín, Pablo Daniel Pino.
El detonante del conflicto fue la imposición injustificada y violatoria del Convenio Colectivo de Trabajo en su artículo 167, perpretada por la entrada en vigencia de la disposición Nº 455, a fines del año pasado. La misma estableció el horario para todas las dependencias del país de 10 a 18 horas, incrementando la atención al público en dos horas, además de las seis que habitualmente se realizan.
"La medida, intempestiva e inconsulta, significa un sinnúmero de dificultades familiares y cotidianas a los trabajadores, quienes desde hace más de 20 años armaron su vida alrededor de un horario determinado y ni hablar de los climas extremos en verano o invierno soportados en algunas regiones del país. Cuando son los perjudicados los verdaderos artífices con su responsabilidad y dedicación en la tarea, de los récords de recaudación que el administrador Etchegaray gusta mostrar a la sociedad", indicó Pino.
"Las medidas judiciales interpuestas por la Mesa Directiva de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos y del gremio de aduana SUPARA, tuvieron fallos en contra del reclamo de los trabajadores", agregó.
También adjetivó de caprichosa la actitud patronal de no atender las razones ni medir el daño ocasionado por la medida a empleados y a toda la población que día a día concurre y es atendida con idoneidad, creando la difícil situación reinante hoy en todas las dependencias de la AFIP, donde las bases de casa seccional instrumentan diferentes tipos de medidas que van desde el quite de colaboración, asambleas permanentes, o cese total de actividades.
Por ultimo, dijo que lamentaba no tener en vista una solución al conflicto en el mediano plazo, dado el alto grado de crispación y nerviosismo aplicado de manera gratuita sobre los agente, y que no recordaba algo así desde los intentos privatizadores contra el Organismo Recaudador de todos los argentino a finales de los 90.