"¿La ley de Radio cuánto?", preguntó una señora que iba camino a la marcha contra la inseguridad organizada días atrás, con respecto al comentario que le hizo su acompañante sobre el proyecto que lanzaba ese mismo día la Presidente en el Teatro Nacional referente a la ley que rige los medios en Argentina.
La ley 22.285 es la que establece el derecho a la libertad de expresión por medio de soportes tecnológicos diferentes que el papel. La misma en el país fue sancionada en 1980 durante la última dictadura militar y aún sigue rigiendo a veintiséis años de haber recuperado la democracia. Los intentos que hubo de modificarlas no fueron muchos, pero menos aún los que se volvieron hechos. Durante el gobierno de Menem se permitió el avance de los llamados multimedios, conglomerados, monopolios de la información, como es visible en nuestro país la intervención en los diferentes medios de comunicación del grupo Clarín y Telefónica. Luego, comenzando el siglo XXI se incluye una modificación en cuanto a quiénes podían presentarse a licitaciones y así obtener licencias, las asociaciones sin fines de lucro que hasta ese momento no eran contempladas pudieron hacerlo de allí en más.
Pero de cierta manera, presentado así podría pensarse que esta ley alcanza sólo a los medios de comunicación y sus trabajadores. Opuestamente, es una ley que a la inversa de lo que se puede leer entre líneas hoy, involucra a todos. El problema es que como la señora que preguntó al principio de la nota, le puede pasar a muchos otros. El problema más grave que ese es que quizá al ciudadano común podría entenderse no obtener la información necesaria acerca de la misma, pero no así a quienes ocupan un cargo público y se entiende por ello que deben trabajar para el pueblo. Se entiende además que deben velar por el bienestar de los argentinos, para lo cual fueron votados haciendo uso del sufragio. Se entiende también que debieran dejar los intereses propios en la puerta del trabajo. Se entiende, como diría Omar Dinelli en una nota publicada días atrás por este medio, que la tolerancia es aprender a trabajar en conjunto a pesar de las diferencias.
Si todo esto antes enumerado se cumpliera no saldría ningún opositor a manifestar su descontento con el proyecto días previos a que se diera a conocer públicamente, sólo porque es a manos del gobierno la presentación del mismo, sin tener en cuenta la pluralidad de voces que lo componen. Tampoco se deberían escuchar declaraciones insensatas que dejan al descubierto la soberbia de defender a los monopolios como Clarín antes que al kirchnerismo. Con respecto a este grupo, tampoco se estaría dibujando la situación y alertando al país de lo que será si se aprueba el proyecto, ya que desde hace unos días están sufriendo (por así decirlo y como lo expresan sus páginas web, su diario, sus canales de televisión y sus periodistas que nunca se sacan la camiseta porque se quedan sin comer) interferencias en las transmisiones de Artear, su empresa de contenidos audiovisuales. Si quienes debieran ejercer su cargo público lo hicieran como el ideal lo expresa y no por ver quién se lleva el trozo más grande de la torta tampoco ningún diputado saldría arbitrariamente a decir que si la Ley de Radiodifusión se modifica habrá que crear una Mesa de Enlace para defenderse de la manipulación del gobierno.
Señores, no hay que defenderse de nada. Hay que saber, el único secreto es informar a la población de qué se está hablando, cuál es la verdadera situación actual y qué se quiere cambiar. Todos estos grupos que se jactan de tener compromisos periodísticos, criterios profesionales, entre los cuales se pueden leer las palabras de la señora Ernestina de Noble que sin descaro dice: "Ni los medios somos una empresa más ni el periodismo una actividad económica como otras. Estamos llamados a ser uno de los pilares donde se asienta la democracia, contribuyendo al derecho a la información de la ciudadanía. Tenemos una función de contrapeso y de control republicano." Y además tiene la desacertada idea de agregar: "Ello implica una gran responsabilidad. Por eso, no podemos informar con criterios desligados de valores ni principios". Estos mismos grupos son los que el día del acto en el cual Cristina Fernández lanzó el proyecto de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en el teatro Argentino de La Plata, se ocuparon de mantener a todo el público mirando por todos lados la gran marcha nacional contra la inseguridad a la cual se dirigía pasivamente la señora, porque no realizar esa censura implicaba que los hombres y mujeres de este país quizás compraran el discurso de la Presidente y esto afectaría sobremanera sus intereses despiadados de seguir concentrando el manejo del llamado cuarto poder. Censura que derivó en que el que se quisiera enterar de qué pasó, tuvo que esperar a los diarios del otro día porque en la televisión había gente que caminaba desde Mar del Plata a Buenos Aires con pancartas, aplaudiendo y bajo el lema "antes que nos maten a todos tenemos que salir a la calle".
Está previsto, pese a las críticas de todo origen y tipo, que el proyecto llegue al Congreso dentro de sesenta días de debate público. La génesis de este nuevo proyecto debe ser tal vez la batalla del ex presidente contra el grupo ya nombrado varias veces. O quizá sea algún otro que los ciudadanos comunes lejos estaremos de conocerlo. Sin embargo lo importante no se ve. Es preferible seguir con una ley, en palabras del abogado Damián Loreti, especialista en el derecho a la información, con una Ley centralista y autoritaria. Centralista en cuanto toda aplicación depende del Poder Ejecutivo, no tomando en cuenta a las provincias. Autoritaria porque el funcionamiento de los medios y los mensajes transmitidos responden a la necesidad de seguridad nacional dado su carácter dictatorial.
Mientras no se conozcan las dimensiones que abarca el derecho a la libertad de prensa que está contemplado en la Constitución de los argentinos y garantiza la libertad de expresión y de opinión, de investigar, recibir y difundir mensajes sin limitación alguna por cualquier medio de comunicación, y que una de las leyes en las cuales toma vigencia es la Ley de Radiodifusión, lo que explica por sí solo la importancia que obtiene, se puede seguir tranquilo en casa, viendo la cantidad de marchas que seguramente habrá durante todo el resto del año.
Marianela Zanassi